Seguidores de Morales aíslan el centro de Bolivia para evitar su arresto

En el segundo día de protestas contra el probable arresto del expresidente por el presunto abuso de una menor durante su mandato, cientos de seguidores de Evo Morales bloquearon este martes las principales vías de conexión.

Morales, quien asegura que la causa abierta por la fiscalía forma parte de una persecución urdida por el gobierno del exministro y hoy adversario Luis Arce, permanece resguardado en la provincia cocalera del Chapare, en Cochabamba, según informaron fuentes de su partido a la AFP. 

"Si tocan al hermano Evo, peor va a ser este bloqueo; por dos meses, tres meses, hasta fin de año", dijo el dirigente campesino Ricardo Cardozo desde Parotani, un punto cerrado por los manifestantes en medio de choques con la policía.

Con piedras y tierra, los campesinos cortaron las vías que conectan Cochabamba, donde Morales tiene su base política, con las ciudades de La Paz, Sucre (sur) y Santa Cruz (este), según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).

La ABC reportó el bloqueo de dos nuevas rutas, con lo que suman cinco los accesos interrumpidos por los seguidores del expresidente desde el lunes, cuando iniciaron la protesta que declararon de carácter indefinido.

Es una "grosería" lo que se "está haciendo contra el hermano Evo Morales (...) es un proceso absolutamente montado, ensañado, planificado a oscuras", señaló Humberto Claros, otro de los líderes de la protesta.

En Parotani, un poblado en la ruta entre Cochabamba y La Paz, se registraron por segundo día enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades.

Los simpatizantes de Morales lanzaron piedras, petardos e hicieron fogatas. La fuerza pública respondió con gases lacrimógenos, pero no logró desbloquear la carretera, según reporteros de la AFP.

El lunes seis manifestantes fueron detenidos en el mismo lugar, informó la policía.

Estos bloqueos son la "muestra de que el 'evismo' busca la impunidad" de su líder, señaló de su lado la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón.

El caso

Morales, el primer indígena en alcanzar la presidencia en Bolivia y cuyo mandato se extendió del 2006 al 2019, está siendo investigado por los delitos "estupro, trata y tráfico de personas".

La fiscalía del departamento de Tarija (sur) investiga una denuncia contra Morales, según la cual mantuvo una relación en 2015 con una menor de por entonces 15 años y con la que tuvo una hija un año después.

Morales rehusó el jueves comparecer a una citación del ministerio público. Ante su negativa, la fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, advirtió que podría emitir una orden de arresto contra el exmandatario de 64 años. 

Gutiérrez había dispuesto la aprehensión de Morales a finales de septiembre, pero la justicia anuló su mandato tras una apelación.

Convertido en el principal opositor del gobierno, el expresidente asegura que la misma denuncia fue investigada y archivada por la justicia en 2020, sin hallar nada en su contra. 

El viernes la policía detuvo al padre de la presunta víctima de estupro.

De acuerdo con la fiscalía, los padres inscribieron a su hija en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios", lo que configuraría el delito de trata y tráfico de personas. 

De avanzar el proceso, el exmandatario se expone a una pena de hasta 20 años de prisión.

Morales, en su defensa, sostiene que la administración de Arce reactivó el caso para impedir que concurra a las presidenciales de 2025, a pesar de que un alto tribunal sentenció a finales del año pasado que estaba inhabilitado constitucionalmente para un tercer período.

Ambos líderes sostienen una agria disputa por el liderazgo del Movimiento Al Socialismo, el partido gobernante, y su nominación para las elecciones.

Intervención policial

Los bloqueos para evitar su eventual aprehensión son organizados por el Pacto de Unidad, una junta de movimientos campesinos encabezados por indígenas y afines a Morales. 

El gobierno de Arce llamó el lunes a Morales a dialogar, sin éxito.

Durante la segunda jornada de protestas, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, anunció que la policía desbloqueará las vías. "Cada punto (de protesta) va a ser intervenido", advirtió. 

Además de "resguardar la libertad e integridad" del expresidente, el Pacto de Unidad se movilizó para protestar contra la crisis económica derivada de la escasez de dólares y de combustible. 

"El gobierno soluciona definitivamente estos problemas en un diálogo sincero o definitivamente se larga del país", sostuvo el dirigente Humberto Claros.