Un juez resolverá el pedido de detención del expresidente Toledo tras un receso

Fotografía tomada el pasado 28 de octubre en la que se registró al expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), a quien la Fiscalía de Perú pidió prisión preventiva por presunta corrupción. / EFE
Efe
09 2017 - 17:07

El juez Richard Concepción Carhuancho confirmó que hoy resolverá la solicitud de detención contra el expresidente peruano Alejandro Toledo por recibir presuntamente una coima de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, tras el receso que ha pedido en la audiencia pública.

El magistrado escuchó la acusación presentada por el fiscal Hamilton Castro por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos y la defensa del exmandatario planteó que se dicte su comparecencia.

Durante la audiencia, Castro confirmó que el acuerdo ilícito entre Odebrecht y Toledo consistió en que la empresa pagaría la millonaria comisión si ganaba la licitación de la carretera Interoceánica y, a cambio, Toledo se encargaría de que los plazos no se posterguen y que se pudieran modificar las cláusulas del contrato para impedir la competencia empresarial.

Aunque Toledo pidió 35 millones de dólares al exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata mediante un intermediario, el trato final fue por 20 millones de dólares porque el exmandatario no llegó a cumplir con la modificación del contrato, y los pagos se hicieron entre 2006 y 2010, anotó el fiscal.

En tal sentido, la Fiscalía tiene identificados un poco más de nueve millones de dólares en cuentas de empresas de Josef Maiman, el empresario que fungió de testaferro, indicó Castro.

"No solamente tenemos lo que dice Barata, las operaciones en cuentas de empresas offshore de Maiman, sino que también la fiscalía allana la casa del señor Toledo y encuentra una tarjeta del vicepresidente de Merhav, una de las empresas en cuyas cuentas se recibió el pago ilícito entre Odebrecht y Toledo", declaró Castro.

El fiscal afirmó que Odebrecht creó un departamento de coimas, llamado División de Operaciones Estructuradas, desde el cual se operativizaba el pago de los sobornos a nivel internacional en el marco de los concursos para la realización de obras públicas.

Castro defendió el pedido de detención preventiva por 18 meses debido a la complejidad del caso y a que Toledo no tiene arraigo en Perú porque habitualmente vive y trabaja en Estados Unidos.

A su turno, el exlegislador Heriberto Benítez se presentó como uno de los abogados de Toledo, junto a Paolo Aldea, y solicitó la comparecencia para el expresidente.

Benítez, que ha sido vinculado a dos redes de corrupción investigadas por la justicia en los últimos años, citó las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostienen que "primero se investiga y luego se detiene".

El abogado dijo que no se podía pedir la captura de Toledo cuando el fiscal afirma que la investigación va a demorar por todas las diligencias que tiene que hacer para pedir la documentación de los movimientos financieros en el extranjero.

Después de la exposición de ambas partes, y sus respectivas réplicas, el magistrado pidió un receso y aseguró que resolverá el pedido esta misma tarde.

En Perú, Odebrecht ha reconocido haber entregado sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 para adjudicarse obras en el país, en un periodo que corresponde a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según el acuerdo firmado con la Justicia de Estados Unidos.

Toledo es investigado desde 2013 por presunto lavado de activos en Perú a raíz de las millonarias compras inmobiliarias hechas por su suegra Eva Fernenbug con dinero de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica por Josef Maiman.

Su defensa indicó que no se le puede procesar por los mismos delitos, pero el fiscal Castro dijo que ambos casos son diferentes.

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