Renuncia director de inteligencia de Colombia investigado por corrupción

El encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, Carlos Ramón González, renunció a su cargo este viernes, luego de ser señalado por la fiscalía de dirigir un esquema para sobornar a parlamentarios, anunció el presidente Gustavo Petro. Se trata de la ficha más cercana al mandatario en caer por el escándalo de corrupción que salpica al gobierno.

"Acepto la renuncia de Carlos Ramón (...) Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial", escribió Petro en la red social X.

La víspera, González fue señalado por la fiscalía de haber dado "instrucciones" para sobornar a los presidentes de las dos cámaras del parlamento, a cambio de agilizar el trámite de varias iniciativas legislativas del gobierno. Los sobornos ascendieron a un millón de dólares en total y fueron entregados a finales de 2023, cuando González fungía como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, según el ente acusador.

El jueves, tras conocer la acusación de la fiscalía, Petro pidió "que se haga a fondo la investigación contra la corrupción en todos los casos, caiga quién caiga". González, quien militó en la extinta guerrilla M-19 junto al mandatario, defiende su inocencia, pero en su carta de renuncia admitió que su posición es "políticamente insostenible" para el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.

"Personas muy poderosas"

El ejecutivo se ha visto sacudido por este escándalo de corrupción, en el que dos altos directivos del órgano estatal de emergencias han confesado haber usado recursos públicos para sobornar parlamentarios.

Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector, respectivamente, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) confesaron a la fiscalía que desviaron dineros destinados a emergencias climáticas en algunas de las regiones más pobres de Colombia. 

Los exfuncionarios se quedaron una parte de los recursos y con lo restante sobornaron a los parlamentarios Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y de la Cámara baja del Congreso, respectivamente, según el ente acusador. 

López y Pinilla se exponen a penas de entre 8 y 33 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación de recursos públicos, entre otros. Ayer Pinilla anticipó que delatará a "personas muy poderosas", a cambio de beneficios judiciales.

Según la fiscal del caso, Andrea Muñoz, siguieron "las instrucciones que dio Carlos Ramón González", considerado parte del círculo íntimo de Petro y presidente del Partido Verde antes de su llegada al ejecutivo. López y Pinilla dicen haber recibido amenazas y asistieron el jueves a su imputación de cargos usando chalecos antibalas.

Sus testimonios apuntan a más de 20 funcionarios, incluidos otros políticos cercanos al presidente, como el exministro de Interior, Luis Fernando Velasco y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ambos defienden su inocencia.

Petro llegó al poder en 2022 con un programa basado en ambiciosas reformas sociales. El congreso, donde no tiene mayorías, rechazó una iniciativa gubernamental para estatizar el sistema de salud, pero dio el visto bueno a una reforma pensional que el mandatario sancionó la semana pasada.