Policía brasileña investiga gobierno de Amazonas por desviar fondos destinados a la salud
La Policía Federal de Brasil ejecutó este miércoles 19 órdenes de allanamiento y seis de arresto en el marco de una investigación sobre la supuesta participación del gobierno del estado Amazonas (norte) en desvíos de recursos destinados a la lucha contra la pandemia.
"Según las investigaciones, hay indicios de que funcionarios del alto escalón de la secretaría de Salud del gobierno de Amazonas realizaron contrataciones fraudulentas para favorecer grupos de empresarios locales de un hospital de campaña, bajo orientación del Gobierno del Estado", informó la policía en un comunicado.
Aunque la policía no reveló quienes fueron los objetivos de las órdenes de allanamiento y de arresto, medios de comunicación informaron que la casa del gobernador del Amazonas fue allanada y que el secretario de Salud, Marcellus Campêlo, figuraba en la lista de detenciones.
"Son investigados hechos relacionados con posibles prácticas delictivas como formar parte de una organización criminal, fraude en las licitaciones y desvío de recursos públicos", agregó la policía.
El estado Amazonas vivió escenas dramáticas en enero de 2021 debido a la falta de oxígeno e insumos para enfrentar el recrudecimiento de la pandemia.
Decenas de personas fallecieron asfixiadas en Manaos al comienzo del año debido a la falta de oxígeno.
De acuerdo con las investigaciones, un hospital de campaña construido para atender a los pacientes de coronavirus en el estado "no atiende las necesidades básicas de asistencia a la población, además de colocar en riesgo de contaminación a los pacientes y los funcionarios de la unidad".
Brasil, con más de 465.000 muertes por el coronavirus, registra el segundo peor saldo letal del mundo.
Amazonas, con 314 muertes por cada 100.000 habitantes, es el segundo estado más afectado por la pandemia. Casi 13.000 personas fallecieron en la región por el virus que contabiliza allí más de 385.000 contagios.
La policía informó que los delitos investigados conllevan penas de hasta 24 años de reclusión.