Presidente de Chile niega vínculo con venta de empresa minera señalada en los Pandora Papers

Santiago/El presidente de Chile, Sebastián Piñera, negó tener algún vínculo con la venta de la empresa Minera Dominga por parte de la empresa de la familia Piñera-Morel, como señala una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), llamada "Pandora Papers".

"El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas", señaló Presidencia de Chile a través de un comunicado.

Los medios locales CIPER y LaBot -que participaron en la investigación- revelaron la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los "amigos de la infancia" de Piñera.

El proyecto, actualmente aprobado por un tribunal regional pero pendiente de recursos por la Corte Suprema, ubicaría dos minas -de hierro y de cobre- a rajo abierto en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo -a unos 500 km al norte de Santiago- y la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde existe una reserva nacional que contiene el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.

Piñera fue investigado por la transacción en 2017 y "la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación", indicó el comunicado presidencial.

"Toda afirmación contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad", asevera el comunicado de Presidencia de Chile.

El diario español El País, participante de la investigación internacional, publicó que la empresa de la familia Piñera-Morel vendió el negocio a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares.

Según la investigación periodística, el pago de la operación se tenía que hacer en tres plazos, el último supeditado a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas", cita el medio español.

El gobierno de Piñera decidió no promover la protección ambiental de la zona, condición con la que se habría efectuado el último pago.

La investigación del ICIJ -que involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian- se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.