Piñera reitera que no cerrará la cárcel para represores de la dictadura de Pinochet
El candidato derechista a la Presidencia de Chile, Sebastián Piñera, dijo hoy que si gana las elecciones no cerrará el penal de Punta Peuco, donde cumplen condena violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet y criticado por las víctimas por ofrecer comodidades a los reclusos.
"Al igual que muchas democracias en el mundo, Chile necesita una cárcel especial para proteger la seguridad y la integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas condenados", dijo el expresidente en un acto de campaña.
Piñera ratificó su postura sobre esta cuestión después de que las víctimas de la dictadura militar exigieran la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Campos, quien puso en duda el cierre del penal, un compromiso adquirido por la presidenta Michelle Bachelet al inicio de su mandato.
El expresidente (2010-2014) y favorito en las encuestas para las elecciones del 19 de noviembre, insistió en que el penal Penta Peuco se "construyó mediante una ley con el presidente (Eduardo) Frei" y que fue "aprobada por la mayoría en el Congreso".
Además recordó que durante su mandato cerró el centro penitenciario Cordillera, que también alojaba a represores de la dictadura, porque no era una cárcel sino "un casino de oficiales" donde los gendarmes que los custodiaban "estaban al servicio" de estos, lo que suponía un "trato discriminatorio" respecto al resto de reos.
Piñera sostuvo que si alcanza la Presidencia hará "un gran esfuerzo por mejorar la situación en la que viven los otros 55.000 chilenos y chilenas privadas de libertad" porque "las condiciones de hacinamiento" en las que se encuentran "atentan contra los derechos humanos".
El ministro de Justicia remarcó este miércoles en una rueda de prensa que la presidenta Bachelet no se ha pronunciado sobre el cierre de Punta Peuco, ubicada en las afueras de Santiago, y subrayó que "todo han sido interpretaciones de los periodistas o de otras personas".
Ante esto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) entregó este jueves una carta al Gobierno en la que exige la renuncia del ministro.
Bachelet prometió en 2015 a Carmen Quintana, una mujer quemada por militares en el contexto de una protesta opositora al régimen en 1986, que pondría fin durante su Gobierno (que finaliza en marzo) a Punta Peuco, que ofrece comodidades y privilegios a los presos.
Quintana expresó en una carta enviada desde Montreal que la reunión y el compromiso adquirido por la jefa de Estado "es de conocimiento público", y acusó al ministro Campos de "no tener sensibilidad ni empatía con las víctimas" de la dictadura.
"Más bien parece un abogado defensor de los genocidas y delincuentes de lesa humanidad presos en Punta Peuco", sostuvo la mujer.