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Lima/El juez Richard Concepción Carhuancho pidió a la Fiscalía esclarecer la situación de las empresas peruanas involucradas en la denuncia por presunto soborno de su socia brasileña Odebrecht al exmandatario peruano Alejandro Toledo (2001-2006).
El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria tenía previsto este martes realizar el control de la acusación contra Toledo por el soborno de 35 millones de dólares que Odebrecht admite haberle entregado para ganar la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.
La empresa brasileña obtuvo la licitación en consorcio con las compañías peruanas Graña y Montero S.A., G y M, ICCGSA y JJC.
Por este caso, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido 20 años y 6 meses de cárcel para Toledo y los empresarios José Graña, Fernando Camet y José Castillo, mientras que para Hernando Graña y Gonzalo Ferrero ha pedido 11 años y medio por los delitos de colusión y lavado de activos.
Sin embargo, en el transcurso de la audiencia, el abogado de la empresa JJC, Carlos García, expuso que la situación de esta compañía no estaba clara porque la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la persona jurídica en la acusación, ni se les había notificado de ella, según informó el portal de La República.
El juez coincidió en que el pedido del fiscal Pérez está incompleto, pues falta esclarecer la situación o participación de las cuatro empresas en los ilícitos.
En tal sentido, Concepción Carhuancho decidió el aplazamiento de la revisión de la acusación y el archivo del caso contra uno de los implicados, John Barclay, por su fallecimiento en julio del año pasado.
Asimismo, la Fiscalía ha pedido el archivamiento de la denuncia contra Gideon Weinstein y Sabi Saylan, que han sido previamente investigados por colusión como cómplices primarios de Josef Maiman, el empresario israelí que fue testaferro de Alejandro Toledo.
El fiscal Pérez, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público peruano, presentó la acusación por este caso en agosto del año pasado y pidió el archivamiento para esos tres implicados, antes de esclarecer la situación de las constructoras peruanas.
Pérez agregó que la participación de las empresas aludidas aún no estaba del todo resuelta, pero con la decisión del juez Concepción Carhuancho deberá avanzar en ese aspecto, antes de poder reanudar la acusación y el eventual inicio de la etapa oral.
El expresidente fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 como parte del pedido de extradición hecho por las autoridades de Perú y ha pasado los últimos meses en arresto domiciliario en su casa de California al considerar el juez que es población de riesgo y que, por tanto, permanecer en prisión supondría un riesgo para su salud durante la pandemia de covid-19.
Además, el pasado 22 de diciembre, el juez Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California pospuso la primera vista del juicio de extradición del exmandatario hasta el 17 de junio, a solicitud de su abogado.