El 53 % de peruanos desaprueba la anulación del indulto a Fujimori, según un sondeo
El 53 % de los peruanos desaprueba la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en su mayoría por considerar que está "muy enfermo para volver a prisión", según una encuesta publicada hoy en el diario El Comercio.
El sondeo, elaborado por la empresa privada Ipsos, agregó que el 40 % aprueba que un juez de la Corte Suprema haya anulado la semana pasada el indulto otorgado en diciembre por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y un 7 % no precisa una opinión.
Entre los que desaprueban la anulación del beneficio, el 43 % señala que Fujimori, de 80 años, está "muy enfermo", el 31 % que su anulación "va contra el derecho presidencial a indultar", el 13 % que ya cumplió 12 de los 25 años a los que fue condenado por crímenes de lesa humanidad y el 5 % que "es inocente".
En el grupo que aprueba la anulación del indulto, el 32 % lo considera culpable y que "debe cumplir su condena", el 26 % dice que el indulto que otorgó Kuczynski "respondía a intereses políticos", el 25 % que aún debe responder en otros juicios y el 10 % que "está bien de salud" y "no califica para un indulto humanitario".
Al opinar sobre la posición que tuvo sobre este tema la líder opositora Keiko Fujimori, la hija del exmandatario actualmente detenida, el 52 % opinó que "no estaba a favor", el 37 % que "siempre estuvo a favor como su hermano Kenji" y el 11 % no respondió.
Mientras que el expresidente Fujimori permanece internado en una clínica de Lima desde que se anuló su indulto, su hija Keiko cumple un arresto preliminar de 10 días, a la espera de la respuesta a un recurso que ha presentado su defensa para intentar su liberación en una investigación por presunto lavado de activos.
El Comercio adelantó este sábado que, según la encuesta de Ipsos, el 75 % de los peruanos cree que Keiko es culpable de las imputaciones en su contra y que el 71 % justifica su detención.
Keiko fue detenida este miércoles en medio de una investigación por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, donde aparentemente enmascaró un millón de dólares recibido por la constructora brasileña Odebrecht.
Se considera que durante el plazo máximo de 10 días de detención preliminar, el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, formulará un pedido para que se formalice un proceso judicial y solicitará la prisión preventiva para los implicados.
Según la ficha técnica, la encuesta de Ipsos se realizó del 10 al 12 de octubre a 1.253 personas a nivel nacional y tiene un margen de error de 2,7 % y un nivel de confianza de 95 %.