Perú sufre varapalo en la lucha anticorrupción con polémico despido de fiscales
Perú comenzó el 2019 con un varapalo a su lucha anticorrupción por la polémica decisión del cuestionado fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, de destituir a los dos principales fiscales que investigan el caso Odebrecht en plena Nochevieja, cuando el país se preparaba para celebrar el Año Nuevo.
El controvertido anuncio fue hecho en una conferencia de prensa a escasas cuatro horas del cambio de año y publicado hoy en el diario oficial El Peruano, lo que provocó espontáneas protestas en las principales ciudades del país, que anticipan un periodo de agitación en los próximos días y semanas.
Los fiscales cesados son Rafael Vela, coordinador del equipo especial que investiga el caso Odebrecht, y José Domingo Pérez, el fiscal estrella de este grupo, que se había labrado una gran popularidad por llevar a prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori y arrinconar al expresidente Alan García.
Pérez reunió indicios contra los dos líderes de la derecha peruana por presunto blanqueo de dinero para su campaña electoral, en el caso de Fujimori; y por pagos procedentes de la cuenta oculta con la que empresa acostumbraba a abonar sobornos en una docena de países de Latinoamérica, en el caso de García.
Los ceses son el último episodio de la guerra interna que se vive dentro de la Fiscalía peruana desde que Chávarry asumió su dirección manchado por vínculos con un gran escándalo de corrupción judicial que ha marcado la vida política del país en el último medio año y que a él le han valido una serie de denuncias ante el Congreso cuya dirección, en manos del Congreso, todavía no decide tramitar.
Las razones esgrimidas por Chávarry para desprenderse de los dos fiscales más reconocidos de este equipo especial es por supuestamente vulnerar constantemente los principios de jerarquía de la Fiscalía y de reserva de la investigación.
Sin embargo, los ceses llegan a escasos días de que el equipo especial firmase el acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con Odebrecht que iba a dar un espaldarazo a las investigaciones.
El documento iba a ser rubricado el 11 de enero. "Creemos con la decisión peligra la firma del acuerdo", dijo al Canal el procurador (abogado del Estado) para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez.
El mismo fiscal Pérez detalló hoy a periodistas que desde el día 15 había programados interrogatorios con el exdirector de Odebrecht en Perú sobre los casos donde está involucrado García.
Pérez reiteró su indignación por ser destituido abruptamente a apenas cinco horas de que se iniciasen las celebraciones de Año Nuevo.
"Lo que está sucediendo preocupa. Yo también me encuentro indignado. No podemos esperar que una institución como el Ministerio Público emplee estas horas de manera tan irregular para comunicar una decisión tan carente de fundamentos", lamentó.
Los acontecimientos tomaron por sorpresa al presidente de Perú, Martín Vizcarra, de viaje en Brasil, a donde había acudido para asistir a la toma de mando del electo presidente brasileño, Jair Bolsonaro.
Sin embargo, Vizcarra decidió retornar de inmediato a Lima al conocer los movimientos de Chávarry, al que reiteradamente ha solicitado su dimisión en los últimos meses por sus nexos con la red de tráfico de influencias, favores y prevaricación descubierta hace unos meses en las altas esferas de la judicatura peruana.
Al llegar a Lima, el mandatario reiteró su enérgico rechazo al cese de los fiscales y anunció que se reunirá hoy con varios ministros para evaluar medidas.
"La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una política prioritaria de Gobierno, una necesidad impostergable y una causa ciudadana", indicó en la red social Twitter antes de emprender su regreso desde Brasil.
Perú es uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht reconoció haber pagado millonarios sobornos para adjudicarse grandes contratos de obra pública, y sus investigaciones también comprenden a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Los sobornos se dieron entre 2005 y 2014, acompañados presuntamente de grandes donaciones de dinero a los principales líderes políticos para financiar sus campañas electorales a la Presidencia de Perú.