Perú defiende ante la Corte IDH excarcelación de Fujimori

Lima, Perú/Perú defendió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la legitimidad y legalidad del indulto humanitario que permitió excarcelar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) tras presentar un informe requerido por ese tribunal que le había pedido no liberarlo, anunció este martes el gobierno. 

"Es fundamental recalcar que nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia”, dijo el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en una conferencia de prensa. 

Según Arana, "el informe presentado (a la Corte) el 1 de abril concluyó que la defensa y posición del Estado peruano ante las instancias supranacionales no solo es legítima, sino también necesaria para salvaguardar el debido proceso".

La Corte IDH, órgano judicial del sistema interamericano con sede en San José, solicitó a Lima el 19 de diciembre de 2023 un informe con la argumentación de la medida por considerar que Perú cayó en desacato al no atender sus recomendaciones, imputación que la cancillería negó tras defender la legalidad de la medida que le restituyó a Fujimori el indulto otorgado 2017.

La Corte IDH, órgano judicial del sistema interamericano con sede en San José, pidió a Perú el pasado 6 de diciembre no excarcelar a Fujimori hasta que los magistrados analizaran el indulto concedido ante su avanzada edad y quebrantos de salud. 

Pese a ello, Fujimori, de 85 años, dejó la prisión el 7 de diciembre. 

"Somos respetuosos del sistema interamericano de derechos humanos del cual el Perú es parte", agregó el ministro de Justicia.

No obstante advirtió "que el estado peruano no va permitir que su soberanía sea afectada por decisiones injustas o incorrectas y que invadan nuestro sistema democrático y constitucional".

Fujimori, de origen japonés, recuperó su libertad tras varios giros en torno a su polémico caso. En 2017 recibió el indulto por razones humanitarias, pero el beneficio fue anulado en 2019 por la Corte Suprema para luego ser restituido por el Tribunal Constitucional.

El expresidente fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas de civiles perpetradas por un escuadrón del ejército en el marco de la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso a principios de los noventa. Estuvo preso un total de 16 años.