La ONU denuncia que Perú vulneró los derechos de una niña víctima de incesto

Ginebra, Suiza/Perú vulneró los derechos de una niña víctima de incesto a manos de su padre, al no garantizarle el acceso a un aborto terapéutico y procesarla penalmente tras tener un aborto espontáneo, afirmó este martes el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

El comité, ante el que la niña presentó una queja, consideró que Perú vulneró sus derechos "a la salud y a la vida", y deploró que la menor, indígena y originaria de Huanipaca, departamento de Apurímac, fuera hostigada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales.

La niña, cuyo nombre no reveló la ONU, fue violada por su padre a partir de los nueve años, hasta que quedó embarazada con 13 años en 2017.

En su primera visita a un hospital de Abancay, la niña dijo "que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada", tal como recoge la ONU.

"Esa petición fue reiterada en muchas visitas médicas posteriores mientras su estado de salud mental se fue agravando. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico", explicó el comité de Naciones Unidas.

En Perú, el aborto terapéutico sólo está autorizado en caso de riesgo para la vida de la madre.

Con ayuda de una oenegé, consiguió solicitar una interrupción voluntaria de embarazo al hospital y a la fiscal que investigaba su violación, pero no recibió respuesta.

Por el contrario, el personal sanitario insistió en organizar exámenes prenatales, e incluso la visitó en su domicilio, en ocasiones acompañado de agentes de policía, cuando la niña no se presentó a esas citas médicas.

"Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto", declaró Ann Skelton, presidenta del Comité, citada en el comunicado.

"Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente", enfatizó.

Estigmatizada y hostigada en su familia y su comunidad, la menor tuvo que abandonar la escuela y su pueblo, y tras su aborto espontáneo fue "acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo", detalló el comunicado de Naciones Unidas.

Dicha condena, que podía implicar una pena de hasta dos años de prisión, fue anulada en 2019 tras un recurso presentado ante la justicia.

Más allá de este caso, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, compuesto de 18 expertos independientes, pidió a Perú despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, y velar por que las menores embarazadas tengan acceso a un aborto seguro, en particular en casos de peligro para la salud y la vida de la madre, así como en casos de violación o incesto.