La ONU denuncia la ley para prescribir crímenes de lesa humanidad en Perú

Ginebra, Suiza/El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el viernes que el Congreso peruano aprobase un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, considerándolo contrario al derecho internacional.

"Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor" esta ley, declaró Volker Türk en un comunicado.

El proyecto de ley, aprobado a principios de julio por el Congreso peruano pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a mediados de junio la suspensión del proceso legislativo, podría beneficiar al expresidente Alberto Fujimori y a cientos de militares procesados.

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Si la presidenta peruana, la conservadora Dina Boluarte, promulga la ley, esta pondría fin según la fiscalía a las 600 investigaciones actualmente en curso por crímenes presuntamente cometidos durante el conflicto interno que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.

Según Türk, "la ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el Estado de derecho en Perú".

"Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción", señaló.

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El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, estipula que los delitos más graves no prescriben.

"La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuandoquiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú", aseguró Türk.

"El objetivo de la ley es cortar los juicios y liberar a quienes han sido sentenciados", había declarado a la AFP el congresista Fernando Rospigliosi, uno de los promotores y miembro del partido fujimorista Fuerza Popular, fundado en 2010 por Keiko Fujimori, tres veces candidata presidencial. 

Esta ley beneficiaría a su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años de prisión por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992.

El exmandatario de 86 años fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto humanitario, pese a la objeción de la justicia interamericana. Estuvo preso 16 años.