El juez Moro aplaza un interrogatorio a Lula para evitar su 'explotación electoral'

El juez Sergio Moro aplazó un interrogatorio al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el pasado abril, y fijó una nueva fecha para después de las elecciones para evitar su "explotación electoral".

Moro, responsable por la operación Lava Jato en primera instancia, había fijado una audiencia presencial con Lula el 11 de septiembre en la ciudad de Curitiba (sur) para que el exmandatario responda por otro caso de corrupción.

No obstante, el magistrado decidió atrasarla para "evitar la explotación electoral de los interrogatorios, sea cual sea la perspectiva" debido a que uno de los acusados en el proceso, en referencia a Lula, "se presenta como candidato a Presidente de la República".

El Partido de los Trabajadores (PT) pretende registrar hoy ante las autoridades electorales la candidatura de su máximo líder, a pesar de su arresto y de su probable inhabilitación política.

Lula fue condenado el año pasado por Moro a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero la pena fue ampliada a doce años por un tribunal de segunda instancia que consideró que el exmandatario recibió un apartamento en un balneario de Sao Paulo a cambio de favores a la constructora OAS.

De acuerdo a las normas del país, un condenado en segunda instancia, como es su caso, no puede postular a un cargo electivo, por lo que su candidatura podría ser anulada por la corte electoral.

El PT insiste en que el exdirigente sindical fue condenado sin pruebas y es víctima de una "persecución política" que busca apartarle de la carrera electoral, la cual lidera con el 30 % de los votos a pesar de su encarcelamiento.

Además de la condena de doce años, Lula está imputado en otros cinco procesos, entre ellos uno que apunta los favores supuestamente recibidos por constructoras a cambio de regalías y por el que Moro pretende interrogarle ahora el 14 de noviembre.

En este caso en particular, Lula responde de nuevo por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero al supuestamente haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras, Odebrecht y OAS, realizaron en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, cuya propiedad se le atribuye.

Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, niega ser el propietario del inmueble, el cual está a nombre de socios de uno de sus hijos.