Panamá no está cooperando con caso Lava Jato insiste Brasil

Una serie de quejas contra autoridades panameñas, de parte de los fiscales que llevan a cabo las investigaciones del caso Lava Jato en Brasil, han sido publicadas en medios de comunicación brasileños.

De acuerdo con la información, publicada por el diario O Globo, los fiscales de Curitiba han intentado en los últimos meses tener acceso a una cuenta de Odebrecht en Panamá, pero las autoridades panameñas se niegan a entregar los datos, por considerar que esta información pondría en evidencia pagos que dejarían expuestos a políticos de nuestro país, donde la empresa ejecuta diversas obras.

Según el medio, el envío de datos “fue prohibido por la autoridad central del país responsable” al Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), del Ministerio de Justicia de Brasil.

Los cuestionamientos que muestra el artículo periodístico son duros contra las autoridades judiciales panameñas porque señala que se trata del primer caso que no ha sido apoyado totalmente por una autoridad extranjera, agrega que continúan las negociaciones.

El Procurador General de la República de Brasil, Rodrigo Janot intenta dialogar con colegas de allí para verificar que los requisitos de la ley (que trata el tema) no están siendo tomados en cuenta, dijo uno de los implicados en la negociación del lado brasileño en Brasilia.

Las autoridades panameñas piden a Brasil que especifique las transacciones que interesan en el caso brasileño, lo que interfiere directamente en el éxito de la investigación, se explica en la noticia.

“Es como decir “te mando información de lo que ya se sabe y de lo que no saben no les damos información, criticó uno de los fiscales.

Para la ley brasileña es un crimen que una empresa de ese país pague sobornos a un funcionario en el extranjero. El castigo por esta práctica se amplió en el 2014, cuando entró en vigencia la ley anti corrupción, que extiende las sanciones al plano civil y administrativo e incluye las prácticas realizadas por personas en el extranjero.

Continúan las investigaciones

Aunque Odebrecht negoció un acuerdo de colaboración, que se encuentra en una etapa avanzada, las investigaciones sobre las actividades de la compañía siguen en Curitiba.

Brasil y Panamá han firmado cuatro acuerdos de asistencia en materia penal, lo que hace aún más delicada la situación.

En 2011, Brasil promulgó por decreto un tratado bilateral con Panamá de "asistencia jurídica mutua en materia penal".

Además de eso, los dos países son firmantes de las convenciones de las Naciones Unidas que tratan el tema: la primera tiene que ver con los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional (Palermo) y la segunda contra la corrupción (Mérida).

También son firmantes de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (Nassau).

El diario O Globo buscó reacciones en la Embajada de Panamá en Brasil, pero no recibieron respuesta hasta el cierre del artículo.

Ya 12 países solicitaron los datos

Al menos 12 países han solicitado en los últimos meses ante el Ministerio Público Federal de Brasil la información y las pruebas obtenidas en más de dos años de investigaciones de Lava Jato.

Se trata de países interesados en usar esa información para las investigaciones que se realizan en sus jurisdicciones.

La lista incluye, desde países vecinos como Argentina, Perú y Uruguay a países más lejanos, como Dinamarca, Italia, Suiza, Liechtenstein y Andorra.

Incluso Panamá, que se ha negado a enviar datos de Odebrecht, ha solicitado en los últimos meses información a las autoridades brasileñas.

A su vez, Brasil presentó 94 solicitudes de información a 30 países - la mayoría de ellas relacionadas con cuentas bancarias utilizadas para pagar sobornos.

Para los fiscales, la colaboración más exitosa hasta el momento ha sido con Suiza. El país ha proporcionado información y pruebas relacionadas con cuentas sospechosas de haber sido utilizadas para corrupción. Además, ha facilitado la recuperación de activos y la captura de fugitivos.

También hay un cuarto modo de colaboración con Suiza, llamado "delegación de la persecución penal". Establece la transferencia de un caso en su totalidad para ser juzgado por el gobierno brasileño. Un ejemplo de esto es el del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), cuyos procesos en Brasil fueron instruidos con información del procedimiento suizo.

"Desde abril de 2014, el Fiscal General de Suiza abrió alrededor de 60 casos penales relacionados con el caso Petrobras. Los procedimientos incluyen los casos de ciudadanos brasileños que no pueden ser extraditados a Suiza", dijo en un comunicado la agencia suiza, explicando la razón de transferencia para su trámite por la Justicia brasileña.

El ejemplo de lo que ha ocurrido en el caso que involucra a Cunha, un nuevo procedimiento que involucra a autoridades con inmunidad está llegando en este mes a la Procuraduría General de la República (PGR) en Brasilia. La expectativa es que al menos cinco nuevos procedimientos lleguen hasta diciembre.

En la evaluación de los fiscales de Curitiba, Estados Unidos, Portugal y Mónaco están empatados en el segundo lugar de los que menos información han compartido en el caso Lava Jato.