Kenji Fujimori declarará ante la fiscalía por aportes a la campaña de su hermana

El legislador Kenji Fujimori declarará ante la fiscalía peruana el próximo 6 de abril sobre los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral de su hermana Keiko Fujimori en 2011, según informaron este lunes medios locales.

El fiscal José Domingo Pérez acudirá al despacho de Kenji Fujimori para tomar su declaración respecto a los aportes que Odebrecht asegura, a través de sus directivos, haber entregado en la campaña de la líder del partido Fuerza Popular, según informaron fuentes del Ministerio Público a los diarios Perú21 y El Comercio.

"El fiscal Pérez está atento al uso de cualquier mecanismo procesal que facilite la averiguación de la verdad, de momento (Kenji Fujimori) sólo está citado como testigo en la investigación", indicaron las fuentes a Perú21.

Ayer, a través de un video, Kenji Fujimori afirmó que se someterá a todas las investigaciones y que demostrará "quiénes son los corruptos", tras ser grabado ofreciendo presuntamente la compra de votos en el Parlamento para evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

El parlamentario agregó que será "testigo en los casos que sea necesario", en alusión al proceso de investigación abierto contra su hermana por un supuesto aporte de 1,2 millones de dólares de Odebrecht en 2011.

En forma paralela, Kenji Fujimori afrontará un proceso de desafuero en el Congreso debido a los videos grabados por el legislador de Fuerza Popular Moisés Mamani, que lo incriminaron en la presunta compra de votos y también forzaron la renuncia de Kuczynski a la presidencia de Perú.

En diciembre pasado, el menor de los Fujimori y otros nueve legisladores disidentes de Fuerza Popular salvaron a Kuczynski, con su abstención, de un primer intento de destitución en el Congreso por sus lazos con Odebrecht.

Tres días después, en Nochebuena, Kuczynski le otorgó el indulto humanitario al padre del legislador, el expresidente Alberto Fujimori, que cumplía una condena a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos.