Keiko pide evitar 'pena de muerte' al fujimorismo

"Si quieren eliminarnos que sea a través del voto popular", dice la líder opositora peruana Keiko Fujimori, al rechazar que sea un juez quien dictamine si margina o no de las elecciones de 2021 al movimiento político creado por su padre hace tres décadas.

"Este pedido de suspensión, si es que es otorgado, en realidad lo que concede es una pena de muerte al partido", dice Keiko en una entrevista con la AFP en su hogar en Lima, días antes de que el juez Víctor Zúñiga resuelva si inhabilita por 25 meses al derechista partido Fuerza Popular que ella lidera.

"Hay 25,000 militantes y miles de seguidores que se verían impedidos en el derecho constitucional finalmente de elegir" al nuevo presidente y al nuevo Congreso, indica Keiko, quien enfrenta este pedido de la fiscalía pocos meses después de su liberación tras 16 meses en prisión preventiva.

Mientras Perú intenta salir de una crisis política que lo llevó a tener tres presidentes en una semana, el fujimorismo enfrenta una de sus mayores amenazas desde que Alberto Fujimori fue elegido presidente de Perú en 1990.

Keiko, que a sus 45 años ha estado dos veces cerca de ganar la presidencia (en 2011 y 2016), es la abanderada natural del fujimorismo, pero sus opciones de competir en los comicios de 2021 están ahora en manos del mismo juez que la envió a prisión.

Zúñiga debe resolver si acoge un pedido del fiscal José Domingo Pérez y suspende por 25 meses todas las actividades de Fuerza Popular, mientras avanzan las investigaciones por los supuestos aportes ilegales de campaña del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.

La audiencia judicial comienza el lunes entrante, una semana antes de las primarias partidarias, lo que complica el cronograma electoral de Fuerza Popular. No hay fecha para el fallo.

"480 días injustamente presa"

Madre de dos niñas (Kyara de 13 años y Kaori de 11), Keiko es una de las figuras prominentes de la política peruana bajo la lupa de la fiscalía en este escándalo que también salpica a cuatro exmandatarios.

Ella niega haber recibido dinero ilegal para sus campañas y denuncia que el fiscal Pérez está obsesionado en perseguirla.

"En total he estado más de 480 días injustamente presa. Ya que [el fiscal] no pudo mantenerme presa, ahora lo que busca es eliminar a todo el fujimorismo", afirma.

"Yo lo que pido es que el pueblo decida" en las urnas, dice, aduciendo que "peligra una elección transparente en nuestro país" por una "decisión de dos personas" (el fiscal y el juez).

Este complicado panorama para el fujimorismo "se debe a la obsesión de un fiscal que al no haberme mantenido presa ahora lo que busca es tomar una medida preventiva, ya no solo contra mí sino contra todo el partido político".

Keiko destaca que "Fuerza Popular representa una corriente política que ha tenido participación y representación parlamentaria ininterrumpida por 30 años".

"El derecho de elegir debe prevalecer más allá de la investigación [de la fiscalía], que debe continuar", indica la opositora, quien expresó esta inquietud hace unos días a una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El legado del patriarca

Keiko debe en gran medida su liderazgo a la popularidad de su padre, el expresidente de ancestros japoneses que fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes contra la humanidad bajo su gobierno (1990-2000).

A pesar de su condena, muchos peruanos admiran Alberto Fujimori porque derrotó a las guerrillas y detuvo la hiperinflación heredada de Alan García.

Fuerza Popular ganó 73 escaños de los 130 que cuenta el Congreso en 2016, lo que le valió la hegemonía en el legislativo, pero pasó a ser minoría en los comicios extraordinarios de enero pasado, al ganar solo 15.

Descrito como una amalgama populista de conservadurismo moral y economía neoliberal, desde 1990 el fujimorismo consiguió votos en todos los estratos sociales.

Keiko era considerada la persona más poderosa de Perú entre 2016 y 2018, cuando Fuerza Popular maniató al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta forzarlo a renunciar en marzo de 2018, pero no tuvo éxito en los intentos de doblegar a su sucesor Martín Vizcarra.

En la actual crisis, el fujimorismo no ha tenido ningún papel protagónico, aunque aportó votos para echar a Vizcarra y reemplazarlo por Manuel Merino, quien dimitió cinco días después en medio de multitudinarias protestas.