La Justicia chilena imputará cargos a políticos por caso de financiación irregular
La Justicia chilena realizará mañana la primera imputación de cargos contra personalidades políticas, todos ellas de derechas, presuntamente implicadas en el sumario Penta, un caso de financiación irregular de campañas electorales que inició una ola local de escándalos de corrupción.
A la audiencia de formalización, trámite que realiza la fiscalía para comunicar ante un juez la existencia de cargos, están citados el exdiputado y expresidente de Renovación Nacional (RN) Alberto Cardemil, y el diputado Felipe de Mussy, el senador Ivan Moreira, el exparlamentario Jovino Novoa y el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett, estos cuatro últimos de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El "caso Penta", que ha sacado a relucir oscuros vínculos entre la política y los negocios y ha destapado otros escándalos de mayor envergadura, surgió en el marco de una investigación para detectar alteraciones en las declaraciones de la renta de empresas del grupo Penta con el fin de obtener fraudulentamente devoluciones de impuestos más altas de las que les correspondían.
El desarrollo de las pesquisas llevadas a cabo por el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público sacó a luz los nexos de Penta con connotados políticos de la derecha chilena, quienes mañana serán acusados formalmente de la comisión de delitos tributarios.
Según la fiscalía, el grupo Penta, dirigido por los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín -hoy procesados- y que maneja activos por valor de 30.000 millones de dólares, financió campañas electorales mediante la emisión de facturas falsas.
El fraude supuestamente consistía en que los operadores políticos y candidatos electorales recibían dinero a cambio de servicios que realmente nunca se prestaron.
Además de ganar influencia entre los futuros legisladores, el grupo Penta se beneficiaba así de un menor pago de impuestos, ya que aumentaba artificialmente sus costos, con lo que reducía su base imponible.
La audiencia de formalización se llevará a cabo en el Centro de Justicia de Santiago a partir de las 9:00 horas de este lunes, pero antes de proceder a la imputación de cargos, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago deberá decidir si la aplaza en el caso del exdiputado Alberto Cardemil.
El equipo del ministerio público encargado del caso -que dirige el propio fiscal nacional, Sabas Chauán- imputó el pasado viernes nuevos cargos contra Cardemil, quien fue subsecretario del Interior en el último gobierno de la dictadura.
Según publica diarios locales, los abogados del también expresidente de Renovación Nacional argumentan que habiendo sido notificado con tan escasa antelación con respecto a la audiencia de formalización, se está vulnerando el derecho que le otorga garantías judiciales para su debida defensa.
El ministerio público no solicitará medidas cautelares para el senador Iván Moreira y el diputado Felipe de Mussy, dado que por su condición de parlamentarios sería necesario que primero fuesen desaforados.
Pero sí lo hará para el resto de los imputados, que podrían quedar bajo arraigo nacional (prohibición de salir del país) y obligación de firma mensual.
Tras las primeras investigaciones del caso Penta surgieron después nuevos indicios de corrupción que afectan a la empresa Sociedad Química y Minera (SQM) de Chile y a personalidades políticas tanto de la derecha opositora como de la coalición de centro e izquierda Nueva Mayoría, en el poder.
Para la audiencia de formalización de este lunes se ha preparado un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Centro de Justicia de Santiago, con el fin de evitar alteraciones del orden público tanto por parte de detractores de los imputados como de militantes de la UDI que eventualmente podrían acudir a manifestarles su adhesión.