Juez brasileño rechaza uso político de juicio que podría anular mandato de Temer
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Gilmar Mendes, afirmó este lunes que el organismo abordará con imparcialidad el inminente juicio que puede anular el mandato de Michel Temer, acorralado por acusaciones de corrupción, y recalcó que no es un "juguete" en manos del gobierno.
El TSE juzgará a partir del 6 de junio si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2014 en la que resultó reelegida la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer, quien hace un año reemplazó a la mandataria de izquierda, destituida por el Congreso.
En el Congreso brasileño -donde ya se debate a puerta cerrada una eventual sucesión presidencial- muchos creen que el TSE puede asestar un golpe letal a Temer tras los tres días previstos de debates, aunque quepan recursos.
"El tribunal no es un instrumento para la solución de la crisis política, el juicio será jurídico y judicial", dijo Gilmar Mendes en una conferencia pública en Sao Paulo.
Sin embargo, en el entorno de Temer empezó a sonar con fuerza la posibilidad de que el juicio sea más lento de lo esperado, si alguno de los jueces del TSE pide parar el proceso para revisar el expediente.
El juicio ya fue suspendido el pasado 4 de abril para citar nuevos testigos y dar más tiempo a la defensa y, ahora, será retomado por un tribunal de siete jueces, dos de ellos recientemente nombrados por el presidente.
"En un juicio complejo es normal pedir revisión. Pero si alguien hiciera esto, no será a pedido de Palacio", dijo el presidente del TSE al periódico Folha de Sao Paulo.
"El TSE no es un juguete en manos del gobierno", recalcó.
Paradójicamente, la denuncia fue presentada en diciembre de 2014 por el PSDB (centroderecha), derrotado en las urnas, pero hoy aliado clave del PMDB de Temer.
Temer se ha negado a renunciar pese a la tormenta política que estalló hace dos semanas a raíz de una grabación hecha pública donde parece dar aval al pago de un soborno.
El mandatario conservador, que prometió sacar a Brasil de la peor recesión de su historia con una serie de reformas promercado, está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal acusado de corrupción, obstrucción a la justicia y organización criminal.
Si Temer perdiera su cargo, la Constitución determina que el Congreso debe elegir a un nuevo presidente para terminar el mandato hasta finales de 2018.