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Huyen 23 presos de una cárcel en un estado brasileño azotado por una ola de violencia
Al menos 23 presos se fugaron de una cárcel en el estado de Ceará, en el nordeste del país y escenario en los últimos seis días de múltiples actos vandálicos que han obligado al Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, a enviar tropas federales a la región, informaron hoy fuentes oficiales.
La fuga se produjo este lunes en la cárcel pública de Pacoti, a unos 100 kilómetros de la turística Fortaleza, la capital regional, cuando los reclusos saltaron el muro durante su tiempo de recreo y accedieron al área externa de la unidad, señaló la Secretaría de Administración Penitenciaria en un comunicado.
Las autoridades informaron que han puesto en marcha un operativo para capturar a los 23 internos huidos, aunque hasta el momento ninguno de ellos ha sido arrestado.
El estado de Ceará es objeto de numerosos ataques, en su mayoría con fuego, contra vehículos, edificios públicos y establecimientos comerciales desde la noche del pasado miércoles, orquestados al parecer, por facciones criminales que operan desde el interior de las cárceles de la región.
La ola de violencia obligó el pasado viernes al ultraderechista Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército e investido como presidente brasileño el pasado 1 de enero, a enviar a Ceará unos 300 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad.
De acuerdo con el último balance oficial, cerca 150 sospechosos relacionados con los ataques han sido detenidos y una veintena de presos miembros de bandas criminales serán transferidos a cárceles federales próximamente.
Sin embargo, los actos vandálicos continúan y ya se contabilizan al menos 150 en 37 ciudades de ese estado, incluida la capital Fortaleza.
Los últimos ocurrieron esta madrugada, cuando sospechosos atacaron una emisora de radio y el Ayuntamiento de la localidad de Icó.
Las autoridades sospechan que los atentados han sido ordenados desde el interior de las cárceles de Ceará, cuyo sistema penitenciario está controlado por el crimen organizado, como ocurre en otras zonas del país.
De acuerdo con las investigaciones, los ataques comenzaron poco después de que el Gobierno de Ceará anunció medidas que pretenden endurecer los controles en los presidios y perseguir las actividades ilegales que coordinan los jefes de esas bandas desde el interior de las prisiones.
