Human Rights Watch insta a Temer a vetar la justicia preferencial para militares

La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) instó hoy al presidente de Brasil, Michel Temer, a vetar la ley aprobada el pasado martes por el Senado y que garantiza una justicia privilegiada para militares acusados de delitos contra civiles.

El proyecto de ley, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y tan solo depende de la sanción presidencial para entrar en vigor, transfiere a los tribunales militares el juicio de crímenes dolosos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles en operaciones de orden público.

La iniciativa ha generado una gran polémica en el país y duras críticas por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos especialmente por haber sido aprobada en momentos en que un decreto permite la participación de hasta 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público en el estado de Río de Janeiro hasta finales de 2018.

Los militares han sido utilizados en las últimas semanas en diferentes operaciones para combatir las bandas de narcotraficantes que dominan algunas de las favelas de Río de Janeiro.

"Temer tiene que rechazar la justicia privilegiada para las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley protege a los soldados acusados de homicidios de civiles", aseguró HRW en un comunicado.

Según la organización internacional, el proyecto de ley retira de la justicia común los juicios de miembros de las Fuerzas Armadas que puedan ser acusados incluso de ejecuciones extrajudiciales de civiles e impediría a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos obtener justicia.

"La ley restablece una práctica común de las dictaduras en América Latina, cuando los militares se juzgaban a sí mismos en los casos de homicidios de civiles", alertó la directora de Human Rights Watch para Brasil, María Laura Canineu.

El comando de las Fuerzas Armadas en Brasil y los congresistas que defienden el proyecto alegan que la transferencia de esos juicios a tribunales militares es necesaria para ofrecer "protección jurídica" a los soldados en operaciones de orden público.

El Ejército, en un comunicado, alegó que sujetar a los soldados a la jurisdicción de los tribunales civiles "puede comprometer una rápida reacción" en enfrentamientos en operaciones de seguridad.

"Las normas internacionales de derechos humanos determinan que las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones no pueden ser juzgadas por tribunales militares. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la jurisdicción penal militar no es la jurisdicción competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de los derechos humanos", asegura HRW.

La organización también recordó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a todos sus Estados miembros a garantizar que los militares sean juzgados por la justicia común por cualquier crimen que no sea de naturaleza exclusivamente militar.

"Temer tiene que impedir que una conquista significativa de la democracia brasileña sea abandonada. La impunidad en casos de homicidios causados por miembros de fuerzas de seguridad ya es un problema grave en Brasil y ese proyecto de ley tan solo ayudará a aumentar los abusos", afirmó Canineu.

El Ministerio Público de Brasil ya anunció su intención de cuestionar la constitucionalidad de la iniciativa ante la Corte Suprema en caso de que la ley sea sancionada por el mandatario.

"La Corte Suprema ha dejado claro que la competencia de la justicia militar está restringida a crímenes típicamente militares", según la directora de la Procuraduría Federal para los Derechos del Ciudadano, Deborah Duprat.

Para Amnistía Internacional, el proyecto iguala la legislación a las normas del régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y perjudica los juicios imparciales de los militares.

"La actuación creciente de militares en operaciones policiales con la garantía de que las violaciones cometidas por los militares serán tratadas en foro privilegiado puede estimular las prácticas de ejecuciones extrajudiciales ya tan comunes en las favelas y periferias de las ciudades brasileñas", según Renata Neder, coordinadora de políticas públicas de Amnistía Internacional.