El Gobierno y la Fiscalía difieren por gestión de detenidos en las protestas de Chile

El Gobierno de Chile criticó que la Fiscalía no acompaña con su trabajo la labor policial en la detención de personas violentas durante las protestas, ante lo que el Ministerio Público mostró este miércoles su preocupación por lo que entiende que es judicializar una crisis social y política.

"Muchas veces el Ministerio Público no nos acompaña", afirmó el martes el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, criticando que la Fiscalía no logra imputar cargos a los detenidos por las fuerzas del orden en relación a los delitos como incendios, saqueos o destrucción de mobiliario público que se están dando en las protestas, que avanzan hacia su séptima semana y que han dejado al menos 23 fallecidos.

En respuesta, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, respaldó con cifras su gestión, dando cuenta de que hasta el pasado 22 de noviembre más de 30.000 personas han pasado a controles de detención, otras 20.000 han sido formalizadas (informadas ante un juez de la apertura de una investigación en su contra) y más de 2.000 imputados ingresaron a prisión preventiva.

"Vemos con preocupación que se trate de llevar a sede penal un conflicto que es social y político, cuyos responsables no han sido capaces de solucionarlo", dijo Abbott en una entrevista en con la emisora local Radio Cooperativa.

El persecutor destacó que las causas tienen distinto nivel de avance, dependiendo de los delitos que se estén investigando.

"El Ministerio Público por cierto que va a buscar la mayor de las sanciones para las personas que promovieron o llevaron adelante incendios, una vez establecidas sus identidades; pero respecto de aquellas personas que ingresaron una vez que los supermercados estaban abiertos y sustrajeron algunas especies, no nos pidan las penas del infierno, puesto que eso sería demonizar una situación que no tiene la gravedad como la de quien organizó ese saqueo", dijo.

DIFICULTADES POLICIALES

Abbott también valoró el trabajo de las policías como organismo auxiliar del Ministerio Público y reconoció que han enfrentado dificultades.

"Cuando usted se encuentra con 500 o 600 manifestantes y toma detenidos a 50, particularizar cada una de esas conductas es complejísimo. No es un problema de falta de capacidad de las policías, sino de la propia realidad", comentó.

"Por eso hoy estamos enfrentados a una situación muy compleja porque no se está levantando muy buena información, producto de la forma en la que ocurren los hechos", continuó el fiscal, que reconoció que no se formaliza a algunos detenidos o no se les pasa a control de detención porque la calidad de los partes policiales no es suficientemente buena.

Abbott también se hizo cargo de las críticas que recibió por solicitar suspensiones condicionales del procedimiento penal a 26 imputados que participaron en el robo de un supermercado.

El fiscal explicó que se trata de un robo en un lugar habitado y con carácter de frustrado cuya pena máxima es de 61 días de presidio, "porque son personas sin antecedentes penales, la mayoría".

Negar salidas alternativas a esas personas y otorgárselas a otros es generar la promesa casi auto cumplida del nuevo sistema procesal penal, en orden a que iba a ser una máquina de moler carne de gente pobre, cosa que nosotros no estamos dispuestos a tolerar", enfatizó.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Las diferencias entre Gobierno y Fiscalía continuaron y la portavoz del Ejecutivo, Karla Rubilar, respondió a Abbott diciendo que el conflicto que vive Chile es social y político que "ha tenido una arista penal y de orden público".

"Cada uno de nosotros, más que de defendernos, debemos aprovechar esta oportunidad para ser mejores, que la Fiscalía, en vez defenderse, aproveche esta oportunidad para ser una mejor Fiscalía que hace 48 días (tiempo que se prolonga ya la crisis social)", expuso.