Gobierno Bolsonaro suaviza polémica norma para deportar 'personas peligrosas'
El Gobierno de Jair Bolsonaro suavizó una polémica norma de julio pasado que regulaba la deportación sumaria y prohibía la entrada de personas consideradas "peligrosas" para la seguridad de Brasil, informaron este lunes fuentes oficiales.
La nueva medida, publicada en el Diario Oficial y firmada por el ministro de Justicia, el exjuez Sergio Moro, sustituye al texto anterior, objeto de duras críticas por parte de la Fiscalía General, entidades de juristas y organizaciones que dan asistencia a migrantes y refugiados.
La ordenanza antigua permitía la "deportación sumaria" de "personas peligrosas" o "que hayan practicado acto contrario a los principios y objetivos" de la Constitución brasileña.
Según ese texto, el Ejecutivo consideraba como "personas peligrosas" a los "sospechosos" implicados en terrorismo; crimen organizado; tráfico de drogas, de personas o armas de fuego; pornografía o explotación sexual infantil; e hinchas con historial de violencia en estadios de fútbol.
Sin embargo, la norma publicada este lunes elimina el término "sumaria" y aclara que "no se procederá a la repatriación o deportación de ningún individuo", cuando existan razones "para acreditar" que tal acción "puede poner en riesgo la vida o la integridad personal" del extranjero.
También destaca que ésta no se aplica a los extranjeros residentes debidamente regularizados en el país, como tampoco a las personas reconocidas por el Estado brasileño como refugiadas.
Además, amplía el plazo de dos a cinco días para que el individuo que sea notificado para su deportación presente su defensa ante las autoridades o deje el país de manera voluntaria.
Igualmente, introduce que la deportación de "personas peligrosas" envueltas en terrorismo o en alguno de los otros presupuestos descritos anteriormente, debe estar fundamentada en base a "razones serias" que le impliquen en esos actos criminales.
También elimina de la lista de "sospechosos" a aquellos aficionados con un histórico de violencia en los estadios.
La norma antigua llegó a ser interpretada por la oposición al Gobierno de Bolsonaro como un intento de intimidación al periodista estadounidense Glenn Greenwald.
Greenwald, que comanda el portal The Intercept Brasil, está al frente de una masiva filtración de supuestos mensajes entre Moro, durante su etapa como juez, y fiscales de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia del país y que condujo a la cárcel al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).
Esas conversaciones sugieren que Moro, hoy ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, coordinó los trabajos de los fiscales anticorrupción, algo estrictamente prohibido por ley.
En julio pasado, Bolsonaro insinuó que Greenwald "tal vez" podría "ir a prisión" porque a su juicio cometió un delito al publicar esas comprometedoras conversaciones, por las que, según el mandatario, pagó a un "hacker" para acceder a ellas.