La Fuerza Armada de Venezuela, leal a la revolución chavista
De ser durante décadas aliadas de Estados Unidos, país que fue su principal proveedor de armas, las fuerzas armadas venezolanas pasaron con el chavismo a relacionarse principalmente con Rusia
Los militares venezolanos se han mostrado una vez más como una fuerza monolítica en su respaldo al presidente izquierdista Nicolás Maduro, sin que las denuncias de fraude que hace la oposición sobre su reelección o la presión internacional afecten lo que definen como "apoyo incondicional".
Maduro es "nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el Poder Electoral para el periodo presidencial 2025-2031", zanjó esta semana el ministro de Defensa Vladimir Padrino, ignorando los pedidos de la oposición y de la comunidad internacional de un escrutinio transparente.
La militarizada Guardia Nacional salió luego a las calles a disolver con gases y perdigones algunas protestas postelectorales. Bautizada como bolivariana por el expresidente Hugo Chávez (1999-2013), la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. Ha tenido entre sus lemas "¡Patria, socialismo o muerte!", transformado en "¡Patria, socialismo y vida!", cuando el líder socialista enfermó de cáncer. "¡Chávez vive!" es hoy su saludo oficial.
La Constitución Bolivariana que en 1999 impulsó Chávez -un carismático teniente coronel que se dio a conocer cuando lideró una intentona golpista en 1992- concedió el voto a los militares. En paralelo, ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado, incluida la vital industria petrolera. Tras la muerte del líder socialista, su sucesor Nicolás Maduro no hizo sino aumentar su influencia.
Privilegios y persecución
Además de las armas, los militares controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas y 12 de 34 ministerios, incluidas carteras importantes como Petróleo, Energía, Defensa, Relaciones Interiores y Comercio. La oposición y expertos denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales.
"Maduro no tiene el liderazgo militar para soportarse como comandante en jefe. Se gana a la Fuerza Armada con privilegios, ascensos y la creación de nuevos cargos", dijo a la AFP el general retirado Antonio Rivero, crítico del chavismo, exiliado en Estados Unidos. A la vez, Rivero señala que los militares se encuentran muy vigilados en los cuarteles, y no confían en sus compañeros de armas.
Laura Dib, directora del programa Venezuela en el centro de estudios sobre derechos humanos WOLA, señaló que "es muy difícil entender" lo que ocurre al interior de la Fuerza Armada "porque cada vez que un militar se ha rebelado contra Maduro, la represión y persecución ha sido implacable".
"Sabemos de militares que han sido sometidos a torturas. Son casos ejemplificantes que envían el mensaje de que si se voltean en contra del gobierno, eso será lo que les ocurra", añadió Dib.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian la detención por motivos políticos -la mayor parte de las veces acusados de conspiración- de decenas de militares (149 al 1 de julio) y la muerte bajo custodia de tres de ellos.
Nuevas alianzas
La Fuerza Armada venezolana contaba en 2020 con 343.000 integrantes, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), un tamaño similar a la de México (341.000), y solamente superado en América Latina por Colombia (428.000) y Brasil (762.000).
De ser durante décadas aliadas de Estados Unidos, país que fue su principal proveedor de armas, las fuerzas armadas venezolanas pasaron con el chavismo a relacionarse principalmente con Rusia, que les provee aviones Sukhoi y fusiles Kalashnikov. En julio, dos buques militares rusos visitaron el país.
"Militares de alto rango se han vuelto increíblemente poderosos", señaló Rebecca Hanson, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. "Tienen mucho que perder si Maduro cae".
Casi 50 altos oficiales, activos y en retiro, figuran en la lista de sancionados de Estados Unidos. Los primeros fueron incluidos en 2008 por supuestos vínculos con la guerrilla colombiana. Más tarde, otros fueron acusados de narcotráfico y, más recientemente, de violaciones de derechos humanos.