Los fiscales que investigan el caso Odebrecht en Perú seguirán en sus cargos

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez seguirán investigando el caso Odebrecht en Perú, después de que el fiscal general, Pedro Chávarry, diera marcha atrás y los repusiera hoy en sus cargos ante la presión política y ciudadana generada por su decisión de retirarlos este 31 de diciembre.

Chávarry emitió una resolución que "resuelve dejar sin efecto" la decisión que destituyó a Vela como coordinador del equipo especial de la Fiscalía, y a Pérez, quien lleva adelante investigaciones emblemáticas contra la líder opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García.

El fiscal general había destituido a los fiscales cuando se preparaban para firmar un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con Odebrecht, que plantea agilizar las investigaciones, con interrogatorios ya programados sobre los grandes casos de corrupción en el país.

Precisamente, Vela y Pérez denunciaron ayer martes que el principal motivo de su destitución era frustrar ese acuerdo y hoy presentaron una impugnación a la resolución de Chávarry ante la junta de fiscales supremos.

Poco después de esa impugnación, Chávarry anunció su marcha atrás "en consideración (a) la trascendencia e importancia de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht".

El Fiscal de la Nación agregó que tomó la decisión tras tener en cuenta la decisión de los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar, quienes fueron los designados para sustituir respectivamente a Vela y Pérez y quienes hoy también anunciaron que declinaban el nombramiento.

La rectificación de Chávarry se dio tras haber generado el rechazo casi unánime de la ciudadanía, la clase política y los medios de comunicación al destituir a dos fiscales con gran prestigio y arraigo popular.

El anuncio de la restitución se hizo justo en el instante en el que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, llegaba al Congreso para presentar un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público para poder bloquear la decisión original de Chávarry.

"El proyecto de ley está presentado y ya ingresó al Congreso", declaró Vizcarra tras conocer la marcha atrás y repuso a los fiscales en sus cargos.

Detalló que, cuando se dirigía hacia el Congreso, recibió la información de la última medida del fiscal general y consideró que "si fuere el caso, qué bien que se rectifique una decisión que ha sido muy cuestionada".

Tras entregar el proyecto a la vicepresidente del Congreso, la fujimorista Leyla Chihuán, Vizcarra declaró que su propuesta modifica la Ley orgánica del Ministerio Público y lo declara en emergencia. "La vicepresidenta del Congreso ha manifestado todo el interés que tiene este poder del Estado para atenderlo con la prioridad del caso porque lo hemos presentado con carácter de urgente", remarcó.

En ese sentido, la líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva, pidió hoy a su bancada en el Congreso que apoye el pedido del presidente de declarar en emergencia al Ministerio Público.

"Es necesario iniciar una reforma integral de una institución que es fundamental para una correcta administración de justicia", indicó Fujimori en Twitter, donde señaló que "los peruanos necesitan volver a confiar en sus instituciones otra vez".

Keiko se apartó, de esa manera, del apoyo habitual del fujimorismo a Chávarry, ya que su bancada ha impedido hasta ahora que se discutan los pedidos para que sea destituido por sus presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura conocida como "Los cuellos blancos del puerto".

Además de a Fujimori y García, las investigaciones del caso Odebrecht en Perú comprenden a los también expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como a la exalcaldesa izquierdista de Lima, Susana Villarán.

Hasta ahora, Odebrecht ha reconocido haber pagado millonarios sobornos en Perú entre 2005 y 2014, acompañados de donaciones de dinero a los principales líderes políticos para financiar sus campañas electorales a la Presidencia del país.