Fiscales piden citar a declarar a Cristina Fernández y sus hijos por lavado

Los fiscales argentinos Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la expresidenta Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, sean llamados a declarar como investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, informaron hoy fuentes jurídicas.

Esta solicitud se enmarca en una de las varias causas por presunta corrupción que afectan a la ex jefa de Estado, por la que se investigan supuestos retornos económicos a los Kirchner por parte de empresarios de la obra pública a través de la contratación de instalaciones de hotel de la empresa familiar Hotesur.

Según informaron hoy fuentes judiciales, el pedido de los fiscales, realizado al juez Julián Ercolini -encargado del expediente- fue firmado este lunes y alcanza a otra veintena de acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez -detenido desde abril de 2016 en otro caso por lavado de dinero-, sobre quienes además requirió que se disponga la inhibición general de bienes.

En su dictamen, los miembros del Ministerio Público detallaron que la investigación está orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida "desde las más altas autoridades" del Poder Ejecutivo, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y luego por Fernández, su esposa, que gobernó de 2007 a 2015.

Según los fiscales, ambos expresidentes, durante sus mandatos, conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado "y un reducido número de empresarios amigos", entre ellos Báez, "se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos".

En este sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en la asignación, control y pago de obras viales en la provincia de Santa Cruz -que Kirchner gobernó de 1991 a 2003-, así como beneficios impositivos indebidos.

"Se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 % de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de las empresas de Báez por más de 46 mil millones de pesos (2.863 millones de dólares)", añade el texto.

Como conclusión, Mahiques y Pollicita señalan que la "maniobra completa" no se agotaba en el sistema de "beneficios y prebendas" a favor de los "empresarios amigos", sino que existió una segunda etapa en la que los empresarios "junto con los exmandatarios" elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las "ganancias ilícitas" de los empresarios a los propios expresidentes y a su núcleo familiar.

"A través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades", como ya se investiga en otra causa paralela conocida como "Los Sauces", por el nombre de otra empresa de los Kirchner, y en la que Fernández y sus hijos ya están procesados.

En los últimos meses, Ercolini ya ha dictado diversos embargos contra la ex familia presidencial.

El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer, quien acusó a la expresidenta y a otros altos cargos de su Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.

La diputada aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podía ser un alojamiento "fantasma" usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto a Báez.

La exmandataria, que se considera víctima de una persecución política, mediática y judicial, está imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en otras tres: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también dirigida por Bonadio-, y dos por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública.