Fiscal pide que investiguen a exministro kirchnerista por caso Odebrecht

Un fiscal de Argentina pidió hoy que Julio de Vido, exministro de Planificación Federal de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), sea investigado por presunta defraudación al Estado en una de las causas que afectan en el país austral a la constructora brasileña Odebrecht.

Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, el fiscal Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas indagar a 16 personas, entre ellas a De Vido, quien durante 12 años fue el máximo encargado de las áreas de obras públicas, energía y vivienda, entre otras, y que ya está procesado en otras causas por corrupción.

El magistrado dirige la investigación de la concesión a Odebrecht de un proyecto de ampliación de gasoductos entre 2006 y 2008, uno de los expedientes que pretenden dilucidar la supuesta implicación de la constructora en irregularidades y pago de sobornos para obtener contratos de obra pública durante el kirchnerismo.

Esta es la primera vez que reclaman la citación como investigado en la vertiente argentina del escándalo de corrupción brasileño al exministro y actual diputado, quien en las últimas semanas ha estado en la primera línea de la actualidad después de que el Ejecutivo de Mauricio Macri impulsara en el Congreso una iniciativa para que sea expulsado como legislador por la cantidad de acusaciones que hay en su contra.

Pero el opositor Frente Para la Victoria (peronismo kirchnerista), al que pertenece el exministro, tenía escaños suficientes para bloquear la iniciativa y no prosperó, por lo que De Vido podrá continuar beneficiándose de los fueros parlamentarios que evitan que pudiera ser detenido.

El diario Clarín publicó hoy una información confirmada por Efe que revela que Rafecas recibió documentación en la que consta "un marcado direccionamiento para beneficiar a Odebrecht" en la adjudicación de la construcción de un gasoducto, para la que se calcula que hubo un sobreprecio de 800 millones de dólares.

La obra, detenida por el actual gobierno, se originó cuando en 2005 se lanzaron concursos abiertos para hacer las ampliaciones en la distribución de gas en infraestructuras del norte y sur del país que comprendían cañerías paralelas y la instalación de plantas compresoras.

La firma brasileña admitió el pasado diciembre haber pagado en el país rioplatense alrededor de 35 millones de dólares en concepto de sobornos, un hecho que ha llegado a salpicar tanto a funcionarios del anterior Gobierno como del actual.

Sin embargo, todavía se desconoce los nombres de aquellos funcionarios o empresarios que presuntamente se beneficiaron de esos montos.

Las causas que implican actualmente en el país austral a la constructora son por la concesión del proyecto de ampliación de gasoductos, la ampliación del ferrocarril Sarmiento licitada en 2006, y la de una planta potabilizadora en la localidad bonaerense en Tigre y una depuradora en la también bonaerense Berazategui encargadas por la empresa estatal AYSA.