FARC denuncia desplazamiento forzado de decenas de desmovilizados por amenaza
El partido colombiano FARC denunció este viernes que 62 desmovilizados de la antigua guerrilla abandonarán la zona de Santa Lucía, en el municipio de Ituango (noroeste), donde llevan a cabo su proceso de reincorporación, por falta de garantías de seguridad tras el asesinato de uno de ellos esta semana.
"Tras los frecuentes hechos de extermino 'no sistemático', según el Gobierno de Iván Duque, 62 exguerrilleros y exguerrilleras con su familias han optado por el desplazamiento forzado de Santa Lucía, en Ituango" afirmó en Twitter el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), a través de su regional del departamento de Antioquia, donde se ubica el caserío.
Los excombatientes tomaron la decisión tras una reunión el jueves para analizar medidas ante las amenazas recibidas en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, en donde exigen "la presencia de la institucionalidad estatal y que se brinden garantías de seguridad y de sostenibilidad".
El líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko" en sus tiempos de guerrillero, sostuvo este viernes que este desplazamiento muestra la "inoperancia de un Gobierno fallido frente a la implementación de los acuerdos y la voluntad de paz de la inmensa mayoría de exguerrilleros comprometidos con la reconciliación".
Por su parte, la senadora Victoria Sandino, del mismo partido, consideró que el hecho representa un "alerta para el país".
En la zona de Ituango operan el Clan del Golfo, la mayor banda de origen paramilitar del país, y disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con el Gobierno.
"Exterminio" en Ituango
La decisión de los desmovilizados se produce tras el asesinato del exguerrillero Darío Herrera en una carretera de Santa Lucía, cuando se dirigía a un ETCR.
Tras la muerte de Herrera, el partido FARC denunció un "plan de exterminio" contra exguerrilleros en Ituango. "Un plan sistemático contra el proceso de la paz", dijo.
Además, el Gobierno colombiano confirmó el jueves que las autoridades respondieron a una "alerta" por un supuesto plan para atentar en la misma zona contra el exjefe guerrillero "Pastor Alape", delegado del partido FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
Según fuentes oficiales y del partido FARC, Alape se encontraba en Ituango para participar en una asamblea junto a líderes de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Reunión con el Gobierno
Antes de la confirmación del partido FARC sobre el desplazamiento, la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) aseguró que "la población de 89 personas acreditadas como excombatientes, sus familias y 22 personas de la comunidad, permanecen en el antiguo ETCR y siguen en su proceso de reincorporación con el acompañamiento institucional".
El organismo aseguró que la próxima semana el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y el director general de la ARN, Andrés Stapper, visitarán la zona para analizar "entre otros temas el de la seguridad de los excombatientes".
"Reiteramos el compromiso que tiene el Gobierno Nacional de seguir acompañando en cada uno de estos antiguos espacios y fuera de ellos a la población en proceso de reincorporación, conforme con los compromisos asumidos en la política de paz con legalidad, agregó.
Además de Herrera, este mes han sido asesinados en el país los exguerrilleros Jhon Fredy Vargas Rojas, en Pitalito (Huila); Hober Arias Giraldo, en Dabeiba (Antioquia); y Benjamín Banguera Rosales, en el convulso departamento del Cauca (suroeste).
El Gobierno anunció esta semana medidas adicionales de seguridad para los desmovilizados centradas en la "autoprotección" ante esas muertes, que se suman a las 77 de 2019, el año más violento para los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz, según la Misión de Observación de Naciones Unidas.
A ello se añade un plan para atentar contra "Timochenko", que la Policía dijo a comienzos de enero haber impedido y que la ONU consideró que ilustra los riesgos que corre el proceso de paz.