Expresidenta de Bolivia considera 'absurdo' que gobierno niegue legalidad de su mandato
La encarcelada expresidenta de Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, calificó este sábado como un "absurdo inconcebible" que el gobierno niegue la legalidad de su mandato entre 2019 y 2020, en una carta enviada al mandatario izquierdista Luis Arce.
Áñez, de 54 años y con detención preventiva desde hace siete meses, dijo en la misiva a Arce que "las arbitrariedades de su gobierno han llegado al punto de desconocer mi mandato como presidenta Constitucional, un absurdo inconcebible".
Agregó que la legalidad de su administración "fue refrendada por una declaración del Tribunal Constitucional (TC) de enero de 2020" y una ley aprobada por el Congreso en el mismo mes que ratificó "la constitucionalidad de mi mandato".
El gobierno de Arce y su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS) han señalado de manera reiterada que Áñez fue presidenta de facto, como resultado de lo que consideran un "golpe de estado" contra el exmandatario Evo Morales (2006-2019).
Áñez sucedió a Morales en noviembre de 2019, tras la dimisión del gobernante izquierdista en medio de una fuerte convulsión social promovida por la oposición que le acusó de cometer un fraude en los comicios de octubre de ese año que le dieron la reelección hasta 2025.
El oficialismo asegura que Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia del país violando pasos constitucionales y que fue parte de un complot, junto a la derecha, la iglesia Católica, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA, que constató irregularidades en los comicios).
Además, agrega que un reciente fallo del Tribunal Constitucional ratifica que habían otras autoridades del Parlamento antes que ella en la lista de sucesión presidencial.
Sin embargo, junto con Morales también renunciaron en medio de violentos incidentes el vicemandatario Alvaro García Linares, la titular de la Cámara alta Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda. Reinaba la incertidumbre en el país ante el vacío de poder.
El Parlamento, que estaba controlado por el MAS de Morales, reconoció la legalidad de la gestión de Áñez,cuyo principal cometido era organizar nuevas elecciones, realizadas en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia de covid.
En enero de ese año, el congreso aprobó una ley para prorrogar el mandato de Áñez y de todos los legisladores, porque terminaba la legislatura de cinco años.
El oficialismo acusa a Áñez de cometer varios delitos, como los de genocidio, sedición y terrorismo.
La Fiscalía General presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en agosto pasado, la acusación por genocidio, por los violentos enfrentamientos durante las primeras semanas de su gobierno.
El TSJ debe solicitar al Parlamento, controlado por el oficialismo, que autorice el inicio de un "juicio de responsabilidades de privilegio".