Ex-FARC acusan a tribunal de paz colombiano de 'graves alteraciones' a lo pactado
Líderes de la antigua guerrilla colombiana FARC acusaron al tribunal de paz creado en el acuerdo con el gobierno de provocar "graves alteraciones" a lo pactado en 2016, cuando aceptaron dejar las armas, en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro este miércoles.
En la misiva de tres páginas y firmada por siete miembros del secretariado de la que fuera la organización rebelde más poderosa del continente, señalan a la Justicia Especial para la Paz (JEP) de "alejarse del espíritu y la letra de lo acordado" hace poco más de siete años.
Según los antiguos guerrilleros, "persistir" en los "incumplimientos" por parte del tribunal "estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esta jurisdicción".
La JEP hace "sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del Acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo a un terreno judicial punitivista", señalan los hoy políticos del partido izquierdista Comunes.
El tribunal surgido del histórico acuerdo juzga los peores crímenes del conflicto armado y ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen la verdad y reparen a las víctimas.
La directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, tildó de "amenaza" la carta de Comunes contra el tribunal de paz.
"Desconocer sus decisiones atenta contra los derechos de las víctimas y la independencia de la JEP", indicó en la red X.
En la misiva, los exguerrilleros también rechazan que desde la firma de la paz 418 excombatientes han sido asesinados, pero aplauden la "voluntad" del gobierno izquierdista de "cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos por el Estado".
La carta se dio a conocer en el marco de una visita del Consejo de de Seguridad de Naciones Unidas a Colombia entre el 7 y 11 de febrero, para apoyar la implementación del acuerdo de paz.
El tribunal ha imputado a la cúpula de las FARC por cientos de secuestros, y a exmilitares por asesinatos de civiles, pero aún no ha dictado su primera condena desde su creación en 2017.
