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La fiscalía venezolana convocó a declarar este martes al opositor Edmundo González Urrutia, que recibió una segunda citación tras faltar el lunes a un primer llamado por una investigación penal en su contra por denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
González -en la clandestinidad desde hace tres semanas- reivindica su victoria y dice tener las pruebas para demostrarlo. El reclamo choca no obstante con el muro institucional, acusado de servir al presidente reelecto Nicolás Maduro.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro vencedor con el 52% de los votos, aunque sin publicar el detalle del resultado, y éste a su vez fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La fiscalía investiga al opositor por la presunta comisión de "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público". Estos delitos pueden llevar en teoría a la pena máxima de 30 años de cárcel.
No se espera que González, de 74 años, acuda tampoco en esta oportunidad. El domingo, tachó al fiscal general, Tarek William Saab, de "acusador político" y estimó que se trata de "una citación sin garantías de independencia y del debido proceso".
La primera citación fue enviada el sábado, y al igual que la segunda no especifica en calidad de qué fue convocado: imputado, testigo o experto, según la ley venezolana. Habla de "rendir una entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho".
"Esta es una citación totalmente irregular y está diseñada precisamente para tratar de hacer incurrir en un error", explicó a la AFP Zair Mundaray, exfiscal venezolano. "Nos encontramos ante una treta de persecución política evidente que no guarda ninguna formalidad".
González apareció por última vez en público dos días después de los comicios, en una manifestación opositora en Caracas. Desde entonces, se limita a hacer pronunciamientos vía internet.
Maduro le tildó de "cobarde", mientras que Saab lo responsabiliza junto a la dirigente opositora María Corina Machado por hechos de violencia en protestas poselectorales que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
"Se acabaron los perdones", expresó por su parte el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello. "El que ataque a las instituciones, que asuma su responsabilidad".
Machado llamó a protestas para el próximo miércoles. "¡Acta mata sentencia!", publicó en redes sociales en relación a las copias de más del 80% de las actas de votación que tienen publicadas en un sitio web, también blanco de la investigación de Saab.
La independencia del CNE y el TSJ también es puesta en tela de juicio por una misión de la ONU que evalúa la situación de derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos, 10 países de América Latina y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, rechazaron la sentencia de la Corte Suprema.
En contraste, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) -creada hace 20 años por los fallecidos líderes socialistas Hugo Chávez y Fidel Castro- se manifestaron en respaldo a Maduro.
En esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, insistieron en un comunicado conjunto en que deben publicarse resultados "desglosados y verificables".
Lula y Petro habían propuesto una nueva elección, idea rechazada por ambas partes.
El TSJ exhortó al CNE a publicar "resultados definitivos", sin pedir detalle mesa por mesa.