Ecuador defiende ante la CorteIDH la legalidad y la legitimidad de la consulta
Una delegación ecuatoriana, encabezada por la canciller, María Fernanda Espinosa, arribó este jueves a Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), para defender la legalidad de la consulta popular del pasado domingo.
De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano, la misión se desplazó a Costa Rica para "ratificar ante el presidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, los argumentos de defensa del Estado en relación a la legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular celebrados el 4 de febrero".
Acompañaron a la canciller el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; la ministra de Justicia y exvicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado; el secretario de la Política, Miguel Carvajal; el subprocurador general del Estado, Ricardo Velasco, y el asesor de la secretaria jurídica de la Presidencia, Juan Sebastián Medina, además de un equipo técnico.
La presencia de los representantes del Estado ecuatoriano, precisa el documento, se produce ante la "infundada, improcedente e irregular solicitud de medidas provisionales", presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "para que se deje sin efecto la pregunta 3 del referéndum".
Aclara la nota de la Cancillería que dicho plebiscito, "fue aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, y que modifica el sistema de dignación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)".
La tercera pregunta del referendo, aprobada por el electorado, propone una reestructuración del CPCCS, que implica la eventual destitución de los actuales miembros y la creación de un consejo transitorio.
La CIDH, con sede en Washington, solicitó medidas preventivas a la CorteIDH, en respuesta a una denuncia interpuesta por tres consejeros del actual CPCCS que adujeron inconstitucionalidad en la pregunta.
Poco antes de partir, la canciller Espinosa aseguró que en San José "se entregará un documento de argumentación jurídica preparada por la Procuraduría del Estado".
Y adelantó que su misión forma parte de una "estrategia de respuesta contundente frente a la actuación de la CIDH", al objeto de "defender la consulta popular, proteger nuestra Constitución, nuestra soberanía, el estado de derecho y la democracia en Ecuador".