Diputados expulsados del partido de Capriles piden al Supremo ser reintegrados

Un grupo de diputados del partido Primero Justicia (PJ), en el que milita el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, presentó este jueves ante el Tribunal Supremo (TSJ) una solicitud con la que esperan ser reintegrados a esta formación que los excluyó el pasado diciembre.

"Solicitar la restitución de nuestras garantías como militantes de PJ (...) De forma violenta, ilegal, inconstitucional nosotros fuimos sometidos al escarnio público y además expulsados", dijo ante periodistas el diputado José Brito a su salida del máximo juzgado.

La petición fue recibida por la Sala Constitucional del Supremo, que ejerce poderes definitivos en el país, y está firmada por varios de los expulsados, entre ellos los legisladores Conrado Pérez y Luis Parra; quien fue elegido presidente del Parlamento por un pequeño grupo de disidentes de la oposición y el chavismo.

Brito denunció que la directiva de PJ conformó "una junta de inquisición" que decidió las expulsiones sin derecho a la defensa ni a la presunción de inocencia, por lo que espera que el TSJ analice la situación y haga "prevalecer el debido proceso".

Parra, Brito, Pérez y otros opositores que fueron expulsados de sus organizaciones políticas se vieron señalados en una investigación periodística según la cual este grupo de legisladores estaba colaborando con el Gobierno de Nicolás Maduro para evitar investigaciones de corrupción y sanciones internacionales.

APOYO A LOS EXPULSADOS

Unas 200 personas, que se presentaron ante los medios de comunicación como militantes de PJ, se concentraron a las afueras del tribunal y corearon consignas a favor de los expulsados.

La muchedumbre portaba camisas del partido y se dividió en tres grupos regionales: Trujillo, que es representado en el Parlamento por Pérez; Anzoátegui, por Brito; y Yaracuy, de donde es natural Parra.

Además, la cuenta en Twitter que la formación destinó para su actividad en Yaracuy ha publicado fotografías y vídeos de esta manifestación con mensajes como "PJ no le pertenece a nadie" y en solidaridad con Parra.

PARA PJ ES UN PLAN QUE VA MÁS ALLÁ

El diputado de PJ, Ángel Medina, respondió en nombre de Primero Justicia que la denuncia de Brito y Pérz se trata de un "plan diseñado que busca acabar con la institucionalidad de la democracia en Venezuela".

En su opinión, "lo que está planteado en Venezuela para 2020 es un plan que busca crear un teatro de elecciones" para fingir que "existe democracia en Venezuela", puesto que para este año está prevista la celebración de comicios legislativos en una fecha todavía no dictaminada.

Para Medina el primer acto se vivió el pasado 5 de enero cuando debía elegirse a un nuevo presidente del Parlamento pero las fuerzas de seguridad impidieron el acceso al hasta entonces líder indiscutible de la cámara, Juan Guaidó, y a un grupo de diputados.

Como resultado, Parra fue elegido en el interior del Palacio Legislativo con el apoyo de la bancada chavista mientras que en el exterior Guaidó se enfrentaba a golpes con los agentes para entrar a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Guaidó convocó a una sesión paralela celebrada en la serie del diario El Nacional en la que fue reelegido presidente de la AN con el apoyo de 100 legisladores.

"Hoy pretenden acabar con PJ pero no van a lograr como no han conseguido acabar con la AN", aseveró Medina.

Por su parte, la subsecretaria del partido, Amelia Belisario, afirmó que quienes hoy presentaron la denuncia ante el TSJ "se vendieron" al chavismo, si bien agregó que solo fueron tres.

A ellos, que "vendieron su conciencia" les calificó como "empleados de Nicolás Maduro" y de la "mafia del régimen".

Belisario también recordó que ya habían sido expulsados de PJ e hizo hincapié en que "esos señores no se parecen" ni al partido ni a sus valores.

RESPALDO DE LA OPOSICIÓN

Carlos Prosperi, vocero de la mayoría opositora del Parlamento, consideró que la situación vivida hoy por PJ "no es una novedad" pues ya le sucedió al partido socialcristiano Copei, uno de los tradicionales del país, cuyo rumbo entró en un limbo por decisiones judiciales contra su directiva.

En su opinión, el objetivo del oficialismo es el de "secuestrar una organización política".

Además, aseveró que es una "arremetida" que después "irá contra las diferencias organizaciones políticas".