Corte-IDH condena al Estado colombiano por secuestro y tortura de periodista

San José/La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó este lunes al Estado colombiano por tener responsabilidad en el secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya por parte de paramilitares de ultraderecha en 2000.

El tribunal determinó que el Estado colombiano no se anticipó a las amenazas que había recibido la comunicadora mientras investigaba una red criminal y no le brindó luego las adecuadas garantías judiciales.

La Corte-CIH "declaró la responsabilidad internacional del Estado (...) por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió" Bedoya, señaló la entidad en un comunicado.

"Asimismo, se declaró la responsabilidad (...) por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones", agregó el organismo con sede en San José de Costa Rica.

Bedoya, de 47 años, fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 por un grupo de paramilitares frente a la cárcel La Modelo de la capital. La entonces periodista del diario El Espectador investigaba una red de tráfico de armas al interior del centro penitenciario.

Engañada con la promesa de entrevistar a uno de los reclusos, fue raptada por secuestradores que la sometieron durante unas 10 horas a "agresiones verbales y físicas, dentro de las que se incluye una violación sexual por parte de varios" de ellos, antes de abandonarla desnuda al borde de una carretera.

El hecho contó con el consentimiento de la policía, según la Corte, que advirtió tener indicios de la "participación estatal" en el caso.

Los hechos "no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia", agrega el texto.

En marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado proteger a Bedoya y su madre, también víctima de amenazas.

En aquella oportunidad Colombia le pidió perdón a través del encargado de la defensa del Estado, Camilo Gómez, quien aceptó "fallas del sistema judicial" durante el proceso.

Los paramilitares, algunos ya condenados a penas de hasta 40 años de cárcel por esta agresión, fueron milicias de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas en Colombia.

Desmovilizadas en 2006, esas estructuras han sido acusadas de múltiples delitos atroces, algunos con complacencia de agentes del Estado.

La Corte ordenó "sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia" contra la periodista y garantizar medidas de reparación simbólicas como la difusión nacional a través de medios públicos de la iniciativa "No es hora de callar", creada por la víctima.

También pidió capacitar a funcionarios públicos y agentes estatales en "conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres".