Asesinato de una niña reaviva el debate sobre pena de muerte en Perú
La conmoción que ha generado en Lima la violación y asesinato de una niña de 11 años reavivó hoy los pedidos para que el Congreso debata la pena de muerte para los responsables de este tipo de crímenes en el Perú.
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, declaró que "desearía darle la pena de muerte porque es un tipo detestable e individuos como ese no deberían existir", en una entrevista a un programa dominical.
Sin embargo, Aráoz agregó que el gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con los compromisos adoptados en el marco del sistema interamericano, que prohíbe la pena de muerte.
"Lo que pasa es que tenemos un responsabilidad, muchas veces se han equivocado en dar la pena de muerte a algunas personas, entonces tenemos que saber balancear esto y buscar la justicia como debe ser", señaló.
En el mismo sentido, el padre de la víctima, Jorge Vellaneda, pidió hoy la pena de muerte para el asesino, porque, según manifestó a Panamericana Televisión, "tenemos evidencias que no se resocializan, pasa un mes o una semana y luego delinquen, por eso exijo la pena de muerte".
Vellaneda dijo que presentará un proyecto de ley para que se decrete la alerta roja máxima cuando ocurran desapariciones de menores para que las autoridades puedan allanar domicilios con rapidez, pues opinó que esto podría haber salvado la vida de su hija.
La familia convocó el próximo jueves a una marcha de protesta contra las violaciones y asesinato de menores, a la cual se han sumado organizaciones defensoras de derechos humanos.
La niña de 11 años fue secuestrada el pasado jueves a la salida de un taller de verano, en una comisaría policial del distrito de San Juan de Lurigancho, y sus restos encontrados carbonizados al día siguiente cerca del lugar.
El sospechoso es un hombre de 37 años que permanece en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri), después de haber sido detenido ayer en la ciudad de Ica y trasladado de vuelta a Lima.
El detenido, César Alva Mendoza, tenía otras dos denuncias de violación sexual, una en 2014 a una menor de 17 años, y otra en 2016 a una mujer de 28 años, por las que no habían sido procesado ni sancionado.
Los pobladores de Ica intentaron linchar al detenido al enterarse que era el sospechoso del crímen y pidieron pena de muerte para el hombre.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que la fiscal Consuelo Chipana se hará cargo de las diligencias en el "execrable crimen" de la menor de 11 años y que ha dispuesto el apoyo de dos fiscales y la disponibilidad de peritos en identificación de imágenes para que se resuelva el caso con celeridad y "caiga todo el peso de la ley sobre el culpable".
"Un crimen así jamás debe quedar impune", agregó Sánchez a través de su cuenta en Twitter.
En Perú se reportaron 3.125 casos de violación sexual de enero a septiembre del 2017, de los cuales 2.160 fueron a menores de 17 años, de acuerdo a un reporte de los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional.