Condenado a 17 años de prisión el primer acusado por la asonada bolsonarista en Brasil

El tribunal supremo de Brasil condenó este jueves a 17 años de prisión al primero de los procesados por la asonada bolsonarista de enero en Brasilia, por una tentativa de golpe de Estado días después de la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"El Supremo Tribunal Federal, por mayoría de votos", decidió condenar a "Aecio Lucio Costa Pereira a la pena de 17 años", afirmó la presidenta de la corte, Rosa Weber, al concluir el primer juicio contra los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que saquearon las sedes de poder en Brasilia, disconformes con la derrota electoral del ultraderechista. 

La condena que prevaleció fue la más severa propuesta entre los once jueces del tribunal. 

Pereira, un brasileño de 51 años oriundo del estado de Sao Paulo, participó de la invasión al Congreso, y fue condenado por delitos como tentativa de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. 

También deberá pagar una multa individual y una indemnización por "daños morales y materiales colectivos" de 30 millones de reales (alrededor de USD 6 millones) junto con los demás sentenciados por la asonada. 

El 8 de enero "realmente no se trató de un paseo por el parque. Fue un domingo de devastación, el día de la infamia", lamentó Weber. 

La invasión y saqueo a las sedes de la Presidencia, del Congreso y del propio tribunal supremo ocurrió apenas una semana después de la investidura de Lula, que ganó por estrecho margen las elecciones de octubre.

"El objetivo era, mediante el empleo de la violencia, sitiar Brasilia y propagar por el país la práctica de actos criminales, atentatorios contra el estado de derecho", afirmó Cristiano Zanin, uno de los jueces que votó este jueves. 

Además de invadir los edificios históricos diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer, los manifestantes rompieron vidrios, sillas, mesas, valiosas obras de arte y muebles históricos, como un reloj traído a Brasil por la corte portuguesa en 1808. 

El juez relator, Alexandre de Moraes, quien propuso la pena de 17 años, dijo que los manifestantes querían "convencer al Ejército de adherir a ese golpe de Estado" y "estaban seguros de que lo conseguirían".

Moraes mostró un video de Pereira dentro del recinto del Senado en el que celebraba la invasión y la incentivaba a través de redes sociales. 

Apenas dos de los jueces desestimaron los cargos de tentativa de golpe. 

"La deposición del gobierno hubiese dependido de actos que no estaban al alcance de esas personas", argumentó André Mendonça, uno de los jueces que defendió esta postura, pero igualmente votó por una condena de ocho años por los demás delitos. 

Los abogados de Pereira sostuvieron por su parte que el imputado no estaba armado durante la asonada y que no cometió "ningún acto violento". 

Primero de más de 200 juicios

La fiscalía presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre quienes se incluyen el primer condenado y otros tres que serán juzgados a continuación, todos hombres, de entre 24 y 52 años.

El tribunal supremo empezó a juzgar el segundo proceso el jueves por la tarde. 

Bolsonaro, declarado recientemente inelegible por ocho años por haber desinformado sobre el sistema electoral, es investigado por su presunto papel como instigador de la asonada. 

El expresidente, quien se encontraba en Estados Unidos en el momento de los ataques, ha negado cualquier responsabilidad.

Previo al 8 de enero, miles de sus simpatizantes convencidos de que el ultraderechista había sido víctima de fraude electoral promovieron cortes de carreteras y manifestaciones frente a cuarteles militares, pidiendo una intervención militar.

Miembros de la cúpula policial del Distrito Federal, región de Brasilia, fueron detenidos el mes pasado, acusados de "omisión" y tentativa de golpe de Estado, después de que las investigaciones revelaran una "alineación ideológica y de propositos" con los manifestantes, según la fiscalía.

Además de las denuncias por los delitos más graves, la fiscalía analiza más de mil casos que en vez de "persecución penal" acabarán en multas y contribuciones sociales si se llega a acuerdos.