La comisión que juzga a Rousseff se prepara para votar

La comisión del Senado brasileño a cargo del juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, concluyó hoy sus debates con duras polémicas en torno al informe del instructor, que será votado mañana y pide destituir a la mandataria.

Los partidarios de Rousseff, en franca minoría en la comisión formada por 21 senadores, insistieron en que el proceso es "ilegal" y constituye un "golpe", e intentaron descalificar el informe del instructor, Antonio Anastasia, que acusa a la mandataria de haber "atentado contra la Constitución".

Esta sesión precedió a la que será celebrada mañana, cuando los 21 miembros de la comisión decidirán por mayoría simple si acogen el informe de Anastasia, que será remitido al pleno del Senado, donde será sometido a una primera votación el próximo martes.

Las acaloradas discusiones de hoy dieron el tono de la votación prevista para mañana y también confirmaron que el escaso apoyo a Rousseff que existe en la comisión.

Sólo cinco de los 21 miembros de ese colegiado adelantaron que rechazarán el informe del instructor y todos pertenecen al arco de izquierdas, que apoyó la gestión de Rousseff y mantiene su fidelidad a la mandataria, suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo.

Sin embargo, otros quince senadores dejaron claro que seguirán con su voto el camino señalado por el instructor, con lo cual el informe llegará al pleno del Senado con pleno apoyo de la comisión.

El senador Cassio Cunha Lima, uno de los que anticipó su apoyo a la destitución de Rousseff, pidió abreviar los debates a fin de que se acelere el fin de un proceso que "ya cansa a la población", dijo.

"Hay un país que sangra, en crisis económica, que ya no soporta más este juicio. La paciencia del pueblo está agotada y exige que el fin de este juicio", que comenzó en diciembre pasado, apuntó.

La prisa de los partidarios de Michel Temer, vicepresidente hasta el pasado 12 de mayo y desde entonces en el poder en sustitución de Rousseff, alteró aún más los ánimos de los defensores de Rousseff.

"Es el presidente usurpador (por Temer) quien en realidad quiere que se acelere este juicio, para perpetuarse en el poder ilegítimo que ejerce ahora", afirmó el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff.

Según Farias, Temer "presiona" y "maniobra" para que el proceso concluya "cuando antes" con la destitución de la mandataria, que lo confirmaría en el cargo, y "viajar a la Cumbre del G20", que se celebrará en la primera semana de septiembre en China.

Sin embargo, comentó que "ni con la destitución" de Rousseff, Temer tendrá "la legitimidad del voto" popular y será visto "por el mundo como un golpista".

Farias, quien por momentos pareció dar como un hecho que Rousseff será condenada, afirmó sin embargo que sus partidarios "no tirarán la toalla" y "lucharán hasta el fin" para intentar impedir el "golpe" que, en su opinión, se cuaja en el Parlamento.

La mandataria responde por graves irregularidades en el manejo de los presupuestos, por contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.

En la sesión celebrada hoy, el abogado de la defensa, José Eduardo Cardozo, insistió en que esos cargos hablan de meras "faltas administrativas" y descalificó el informe de Anastasia, a quien acusó de "ignorar" pruebas que pudieran beneficiar a la mandataria.

Tras la votación prevista para mañana en la comisión, el informe será leído en el pleno del Senado el próximo viernes, cuando todo el país y buena parte del mundo estarán pendientes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.

Luego, el próximo martes será votado en el pleno del Senado y bastará una mayoría simple de 41 votos entre 81 posibles para que avance hasta la fase definitiva del proceso.

Ese último trámite será otra votación en el pleno del Senado, convocada por la Corte Suprema, en la que Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, de los cuales los partidarios de la continuidad de Temer aseguran que ya tienen garantizados unos 60.