Comisión parlamentaria evaluará los descargos de Kuczynski sobre Odebrecht
La comisión parlamentaria que investiga el escándalo de Lava Jato en Perú evaluará mañana los descargos hechos por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, sobre sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
El jefe de Estado envió un escrito de 66 páginas a la comisión parlamentaria en el que aseguró no haber tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas, vinculadas al caso Lava Jato en Perú.
Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), periodo en el que los portavoces de Odebrecht han declarado que el exmandatario pidió un soborno de 20 millones de dólares para otorgarles la construcción de la carretera Interoceánica.
El documento enviado al Congreso, el pasado lunes, reafirmó la intención de Kuczynski de declarar por escrito, no en forma presencial, citando el derecho constitucional que lo asiste.
El mandatario agregó que las empresas que fundó y en las que tuvo participación tampoco han recibido aportes ni donaciones de las firmas brasileñas o sus consorciados.
La presidenta de la comisión Lava Jato, la opositora Rosa María Bartra, dijo al diario El Comercio que si el mandatario no tiene nada que ocultar, "¿por qué no lo dice de frente?" a los legisladores.
Otros integrantes del grupo parlamentario se quejaron de vacíos e incongruencias en el escrito de Kuczynski y de que ellos no le hicieron llegar sus preguntas al gobernante.
La comisión evaluará mañana, viernes si acepta o no los descargos presentados por el presidente peruano o si insiste en tener una audiencia con el mandatario para interrogarlo en forma presencial.
La titular del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, defendió las respuestas dadas por Kuczynski y reiteró que no recibirá en forma personal al grupo de trabajo porque goza de la protección de la Constitución.
En el documento, Kuczynski insistió en que es su deber preservar la imagen e investidura del más alto cargo del Estado, así como proteger el adecuado ejercicio que la Constitución le otorga, evitando generar un precedente de continua exposición del presidente a citaciones congresales, administrativas o judiciales.
El mandatario agregó que tampoco tuvo "ninguna participación en el proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano", una obra adjudicada a un consorcio integrado por Odebrecht en el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
La Fiscalía de Perú investiga el destino de 29 millones de dólares que Odebrecht declaró haber entregado en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, por los cuales ya se han dictado órdenes de arresto contra Toledo, Humala, y un exviceministro del segundo Gobierno de Alan García (2006-2011).