Colombia-Venezuela, un mes de crisis fronteriza con visos de arreglo

La crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela cumple hoy un mes con los pasos limítrofes cerrados y la perspectiva de que el encuentro de los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, el lunes próximo en Quito, resuelva la situación.

Además de la tensa situación política, el cierre de los pasos limítrofes deja una profunda crisis social en la que se ven inmersas más de 20.000 personas que han regresado a Colombia, bien porque fueron expulsadas o porque abandonaron el país caribeño por temor a los operativos de las autoridades venezolanas.

A eso se suman las millonarias pérdidas entre los comerciantes que, a ambos lados de la frontera, ya no tienen el mismo número de clientes que demanden sus productos.

Pero tal vez el peor de los dramas humanitarios es el de las familias que han tenido que separarse por la expulsión de algún familiar o porque se han visto obligadas a regresar a Colombia por el miedo de correr con la misma suerte de otros de sus compatriotas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha ido cerrando paulatinamente los pasos fronterizos con Colombia, amparado en que con esas maniobras combate el contrabando y a supuestos paramilitares colombianos.

Los dos gobiernos coinciden en que en algunas zonas de la frontera de 2.219 kilómetros esos males existen, pero las fórmulas para combatirlos difieren radicalmente.

La crisis binacional comenzó el pasado 19 de agosto con el cierre del principal paso fronterizo, entre la ciudad colombiana de Cúcuta y las venezolanas de San Antonio y Ureña, a lo que se sumó la declaratoria de estado de excepción en la zona por parte del Ejecutivo venezolano.

Posteriormente, Maduro extendió el cierre a la frontera entre La Guajira (Colombia) y Zulia (Venezuela) y a los pasos entre Arauca y Apure.

El Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Santos, no para de reclamar que se les respeten los derechos humanos a sus connacionales expulsados y ha lanzado una batería de medidas económicas que buscan salvar la economía de esas regiones.

Al amparo de la emergencia económica, social y ecológica, el Gobierno adoptó medidas de alivio en lo referente a impuestos, vivienda, empleo y comercio, cuyo objetivo es aliviar la situación de los afectados por la crisis fronteriza.

Al declararse la emergencia económica, el Gobierno puede simplificar los procedimientos y los tiempos para firmar contratos que le permiten brindar atención social, reintegración familiar, hacer convenios interadministrativos, definir situación militar y apoyar al transporte de carbón en 40 municipios de siete departamentos fronterizos.

Los dos departamentos colombianos más afectados por las acciones de Maduro son Norte de Santander y La Guajira.

La situación se hace más compleja en Cúcuta, la capital de Norte de Santander, porque la llegada masiva de personas a la ciudad se suma a que esta es una de las urbes con mayor desempleo del país: 13.4% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La desértica Guajira (norte) no ha recibido expulsados, pero carga también con el problema de que por su territorio ingresa gran parte del contrabando que se mueve por el Caribe, en especial de gasolina, que deja millonarias ganancias para las bandas que trafican con el carburante que en Venezuela es de los más baratos del mundo.

La crisis fronteriza ha sido planteada en Colombia como una oportunidad para que la economía nacional deje de estar atada a las relaciones comerciales con el vecino país, con el que hasta antes de 2010 se alcanzaba un intercambio comercial de 8.000 millones de dólares que luego se redujo hasta los 3.000 millones.

Pese al oscuro panorama, las fuerzas vivas del país coinciden en que la reunión del lunes en Quito entre los presidentes Santos y Maduro y sus respectivas cancilleres es una ventana que se abre para comenzar a solucionar la crisis.

Santos ha insistido en que el encuentro no sea "solo para hacernos una foto, darnos la mano y que todo siga igual".

La cita se logró tras gestiones diplomáticas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Las presidencias pro tempore de estos dos organismos están a cargo de Ecuador y Uruguay, cuyos presidentes, Rafael Correa y Tabaré Vázquez, respectivamente, también asistirán al encuentro.