Colombia observa con cautela la nueva tregua anunciada por guerrilla FARC
La guerrilla comunista de las FARC inicia este lunes una nueva tregua unilateral en Colombia, la que se espera sea el comienzo del camino a un cese bilateral del fuego que ponga fin de una vez por todas a una guerra de más de medio siglo.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ordenaron este domingo a sus unidades "cesar toda acción de carácter ofensivo contra las fuerzas armadas del Estado y la infraestructura pública y privada" a partir de las 00h00 del 20 de julio. Una iniciativa que esperan "sea estimada y valorada" por las autoridades, según señalaron en un comunicado.
En otro gesto a un día de comenzar la tregua, la guerrilla liberó este domingo a un militar que tenía en su poder, que fue capturado herido hace dos semanas tras un enfrentamiento en el sur del país, en el departamento del Putumayo.
No obstante, el equilibrio para lograr la paz sigue siendo frágil. La guerrilla advirtió que "ninguna unidad de las FARC-EP está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa en caso de ataque".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha dado cuatro meses de plazo para decidir si sigue negociando con la guerrilla, luego de más de tres años de pláticas en Cuba y una progresiva caída de la confianza en ese proceso por parte de los colombianos.
Esta vez huele a una última oportunidad. Si el grupo rebelde no cumple su tregua y no hay avances sustanciales en definir qué tipo de justicia se aplicará a los guerrilleros, el proceso de paz se esfumará definitivamente, ha advertido Santos.
Paralelamente, el gobierno se comprometió a acompañar la tregua guerrillera con un "desescalamiento" de sus ofensivas militares, hasta acordar el cese bilateral de fuego, que tendrá que ser verificado por la ONU y Uruguay, país que ejerce la presidencia pro-témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
Sin penas no hay acuerdo
El nudo gordiano está en la aceptación de penas "privativas de la libertad" por parte de la guerrilla, sin lo cual no habrá acuerdo, aseguró el mandatario este domingo en una entrevista publicada por el diario El Tiempo.
Para lograrlo existe "mucha flexibilidad": una posibilidad es que paguen penas de cárcel solo los altos mandos de las FARC por los delitos más graves, y el resto de los 7.000 combatientes asuman otro tipo de penas.
La reclusión podría ser en granjas especiales o en detención domiciliaria, entre otras medidas en estudio.
El narcotráfico no será incluido en esta denominada justicia transicional. "Otra cosa es que haberse financiado con dineros del narcotráfico pueda eventualmente considerarse como delito conexo", señaló el presidente.
El camino a seguir se ha ido develando poco a poco. La concentración de la guerrilla en una zona geográfica será un "paso necesario" antes del cese al fuego bilateral, adelantó este domingo Santos, así como el abandono definitivo de las armas.
Para garantizar la seguridad física de los guerrilleros desmovilizados, se empezará a trabajar esta semana en un sistema de garantías que evite matanzas como las ocurridas en la década de los ochenta y noventa, cuando unos 3.000 guerrilleros desmovilizados adscritos al partido de la Unión Patriótica fueron asesinados por elementos de la derecha.
El objetivo, repetido hasta la saciedad por el presidente, es que las FARC "puedan hacer política, pero sin armas". "Si no las entregan, todo este ejercicio no tiene ningún sentido. Eso no sería aceptable para mí, ni para el pueblo colombiano, ni para el mundo", agregó.
El conflicto armado en Colombia, en el que han participado guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.