Cargos de homicidio contra soldados colombianos que dispararon a civiles en 2022

La Fiscalía de Colombia imputó este viernes por homicidio a 24 militares que abrieron fuego contra civiles en un pequeño poblado del sur del país a mediados de 2022, en un operativo cuestionado por Naciones Unidas.   

Los uniformados "estarían involucrados en la muerte de 11 civiles el 28 de marzo de 2022 en el caserío Alto Remanso, de Puerto Leguízamo" en el departamento de Putumayo, indicó la institución en la red social X. 

Son tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados que "portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío, justo cuando terminaba un bazar comunal", precisó la Fiscalía en un boletín. 

El pelotón seguía la pista de un rebelde apodado "Bruno", cabecilla de un grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) conocido como "Comandos Defensores de Frontera". 

"Luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que Bruno no estaba en la zona (...) los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas" y otros edificios comunitarios, señaló la entidad autónoma. 

"Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación", agregó. 

Los militares no aceptaron los cargos impuestos.

El entonces presidente colombiano, Iván Duque (2018-2022), calificó la acción como "legítima". A su vez, el Ejército aseguró en su momento que los fallecidos eran rebeldes disidentes de las FARC o colaboradores de ese grupo armado.

La ONU, por su lado, pidió "enjuiciar" a los militares y denunció que dispararon contra niños, niñas y mujeres que participaban en el evento. 

Entre los fallecidos, estaban un menor de edad, un gobernador del pueblo indígena kitcwhwa y un líder comunitario. Una adolescente embarazada fue alcanzada por el fuego pero sobrevivió, según la Fiscalía. 

La operación removió las heridas de los denominados "falsos positivos", como se conoce al mayor escándalo de las fuerzas militares de Colombia en el que al menos 6.400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate entre 2002 y 2008.

Aunque el grueso de los rebeldes de las FARC entregó las armas en 2017, disidentes del acuerdo de paz alcanzado entonces con el Estado siguen controlando rutas de narcotráfico y minería ilegal en algunas regiones. 

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, negocia con aproximadamente el 50% de estos grupos disidentes.