Campaña de engaños distorsionó debate sobre propuesta de Constitución en Chile
Santiago, Chile/La propuesta constitucional de Chile es blanco de desinformación en redes sociales y medios tradicionales, con el fin de confundir a una ciudadanía que el 4 de septiembre debe pronunciarse sobre una nueva Carta Magna.
La longitud de la Constitución, de 388 artículos, que busca reemplazar la redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y el hecho de que muchas de sus propuestas requieran crear o modificar leyes, se ha prestado para interpretaciones incorrectas en cuestiones como salud, vivienda, educación e integridad territorial.
"Como muchos de sus artículos dependen de la ley que en algún momento se cree, hay gente que está interpretando los artículos un poco a su conveniencia", comentó a la AFP Magdalena Saldaña, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile.
El equipo de verificación de la AFP comprobó la veracidad de decenas de afirmaciones erróneas sobre el borrador constitucional, presentado el 4 de julio.
Normas que no existen
El llamado plebiscito de "salida" supone el cierre de un extenso ciclo político, que se inició el 18 de octubre de 2019, cuando estallaron las mayores manifestaciones sociales desde el retorno a la democracia en Chile, en demanda de una mayor igualdad social.
Frente al texto aprobado en 1980, que dejó que la educación, la salud y las pensiones se rigieran bajo las leyes del mercado, el nuevo modelo busca implementar un Estado que garantice derechos sociales.
La nueva Constitución propone reformar la financiación del sistema de salud, al hacer que las aportaciones de los trabajadores se dirijan de forma íntegra al servicio público. Pero eso no implica, como difundieron publicaciones en redes durante la campaña, que todos los ciudadanos deban ser atendidos por los servicios públicos, ya que los prestadores privados seguirán existiendo.
La propuesta constitucional tampoco elimina la propiedad privada de la vivienda en ningún punto del articulado, explicó Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales. Pero eso no impidió que miles de personas difundieran en las principales plataformas digitales que, de ganar la opción "Apruebo", las casas pasarían a ser del Estado.
De las redes a la calle
El exconstituyente Arturo Zúñiga, contrario a la propuesta, afirmó en Twitter que el texto permitirá que los pueblos originarios puedan anexar territorio chileno a otro país.
La desinformación saltó de las redes sociales a la calle, a veces en forma de folletos entregados incluso por políticos durante la campaña.
"Chile se convertirá en Estado plurinacional y regional autónomo, dividiendo nuestro país", dice un panfleto repartido en la capital.
Sin embargo, los derechos otorgados a estos pueblos no implican la división del país. El artículo 187 del texto dice: "En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá la secesión territorial".
Otra propaganda, distribuida por la exconstituyente Constanza Hube en el sur de Chile, decía: "No tendrás la libertad para elegir la educación de tus hijos".
Una afirmación que contradice la propuesta, donde se afirma que los padres tienen la libertad para "elegir el tipo de educación de las personas a su cargo".
El papel de los medios
La desinformación también tuvo su espacio en los medios de comunicación. Por ejemplo, un abogado publicó una carta en el diario El Mercurio con 21 afirmaciones sobre la propuesta de texto, 18 de ellas engañosas o falsas.
"Se acaba todo límite al aborto", decía la carta, afirmación que fue replicada también por el senador derechista Felipe Kast.
Sin embargo, la propuesta especifica que los límites de la interrupción del embarazo serán regulados por ley, según explicaron expertos a la AFP.
En televisión, algunos invitados a debates sobre la propuesta de nueva Carta Magna también emitieron juicios errados sobre el texto.
En junio, un abogado dijo en Canal 13 que los homicidas podrían ser candidatos a cargos de elección popular, algo prohibido por el Código Penal chileno y que no cambiaría con la nueva Constitución, aclararon varios abogados constitucionalistas a la AFP.
La misma afirmación fue repetida por políticos y reproducida miles de veces en redes sociales tras su emisión en televisión.