SIP: Un panorama desolador de violaciones a las libertades de expresión y de prensa en las Américas

Tras cuatro días de reuniones la 77ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó sus conclusiones en las cuales denuncia el acoso judicial, el encarcelamiento, la estigmatización, exilio, detenciones arbitrarias, hostilidad y violencia contra periodistas.

También denunciaron que nueve periodistas fueron asesinados en la región en México (seis), Brasil, Colombia y Haití. Ya son diecisiete en los últimos doce meses.

Estas son las conclusiones de la 77 Asamblea

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, desde su exilio en Madrid, apenas necesitó pocas palabras: “El autoritarismo busca reinar en el silencio antes que escuchar las voces que perturban”.

Hostilidad, estigmatización, violencia, detenciones y muerte. Ejercer el periodismo cada vez es más peligroso en países cuyas democracias se degradan lentamente, concluyó en la Asamblea General 77 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La desesperación es tal que los propios medios mexicanos decidieron crear la Alianza de MediosMx para combatir tanta impunidad.

En Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa, el principal diario del país lleva más de dos meses preso y sin atención médica, acusado de cargos absurdos.

Más de treinta periodistas huyeron despavoridos al exilio desde Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las campañas de estigmatización contra los comunicadores se han vuelto una política corriente de los presidentes de México, Perú, Brasil y El Salvador, entre otros países.

Los testimonios de la represión cubana son atroces. La dictadura de la isla vivió el semestre más difícil en los últimos 25 años. El gobierno respondió a las masivas protestas pacíficas en forma indiscriminada como no se había visto antes. Varios hombres y mujeres de prensa fueron encarcelados, incomunicados sin asistencia legal, acusados de “desacato” y por difundir “propaganda enemiga”, y podrían enfrentar penas de hasta diez años por estos supuestos delitos.

Nicaragua llegará a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre con los principales candidatos de la oposición encarcelados, el diario La Prensa confiscado y algunos de sus principales exdirectivos bajo arresto. El régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, desató una verdadera cacería para acallar toda voz crítica.

El caso de Holmann es indignante: fue llevado a “firmar unos papeles” a una dependencia judicial y detenido acusado de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.

En Venezuela, no se ve una salida del régimen de Nicolás Maduro en el corto plazo. El principal diario, El Nacional, sigue tomado por el Ejército sin orden judicial alguna. Los medios gráficos independientes solo funcionan en la web, manejados desde el exterior, en el país de peor acceso a internet del hemisferio.

El madurismo, que acaba de interrumpir el diálogo con la oposición tras la extradición de un conocido testaferro a EE.UU., no reconoce límites: va ahora contra las familias de los periodistas que viven en el exilio, allanándoles las casas y librándoles órdenes de captura.

Tras la asunción del gobierno de Pedro Castillo, los medios peruanos viven la peor situación desde la caída del régimen de Fujimori, veinte años atrás. El Poder Ejecutivo hizo propia la actitud agresiva hacia la prensa que solía tener el Congreso, con proyectos de ley disparatados. Se prohíbe el ingreso de los periodistas al Palacio Presidencial y Castillo se ha negado hasta ahora a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, en favor de la libertad de expresión, además de no haber dado una sola entrevista en dos meses y medio.

En México, el país con más asesinatos a manos del crimen organizado, las descalificaciones y diatribas contra la prensa son ya una costumbre diaria del presidente Manuel López Obrador, que dedica un espacio matutino para criticar a medios y reporteros, concentrándose prioritariamente en los diarios Reforma y El Universal, a los que llama “enemigos del pueblo”.

En El Salvador, el régimen de Nayib Bukele avanza en una deriva autocrática con el control del aparato judicial, obsesionado con demonizar la tarea de los cronistas mediante burlas y mensajes infundados que luego se traducen en agresiones y atropellos. ¿La consecuencia? Empieza a reinar la autocensura, reconocen los propios colegas.

El gobierno de Bolivia promueve insólitamente suprimir el secreto de las fuentes periodísticas, medida que ya debate la Asamblea Legislativa.

En la Argentina, un ministro intimida gravemente a un humorista ante la indolencia presidencial, el Gobierno insiste con el invento de un lawfare entre jueces, periodistas y opositores, mientras se prolongan y reproducen causas judiciales contra quienes informan e investigan y, como en toda la región, vuelve la distribución discriminatoria de la pauta publicitaria oficial que premia a los medios amigos del poder.

Incluso en los Estados Unidos sorprenden los niveles de violencia: cerca de cien periodistas fueron atacados durante manifestaciones callejeras en 2021, en lo que parecen rémoras de los años de intolerancia de Donald Trump.

En Brasil, Jair Bolsonaro insiste con un sistemático discurso contra la prensa. Las agresiones y la estigmatización hacia los periodistas se han vuelto cotidianas, como sucede también en Guatemala y Ecuador. Haití vive un clima de violencia generalizada en el cual la prensa no está exenta. En Colombia, las marchas masivas del año pasado ampararon ataques a mansalva.

Las restricciones a la libertad de información pública se repiten en prácticamente todos los países sin distinción de extracción ideológica y los gobiernos incumplen sus propias leyes. La falta de transparencia es como una mancha de aceite que se expande sobre el continente.

Prácticamente no hay nación que quede a salvo. La criminalización del periodismo mediante denuncias judiciales alarma en Paraguay, ardid que se reitera en Panamá como herramienta de intimidación.

Dos diáfanas cenicientas, Uruguay y Chile, aparecen como ejemplos de “plena libertad” en el informe del índice de Chapultepec, con el que la SIP y la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, miden las condiciones en las que trabaja la prensa. La Argentina también allí da la nota: es el país de la mayor y “estrepitosa” caída en toda la región (bajó del 77.2 % al 53.14%) para la labor periodística, e integra el grupo con “limitaciones parciales” en materia de restricciones.

En otro hecho auspicioso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la tortura, el secuestro y la violación de la periodista Judith Bedoya, en el 2000, cuando hacía un trabajo de investigación en la cárcel Modelo, en Bogotá.