Semana crucial para el proceso de paz en Colombia
Una semana crucial comienza este lunes para el proceso de paz en Colombia, después de que el Gobierno y las FARC acordaran la liberación de un general y otras cuatro personas en poder de esa guerrilla.
El desenlace de estos operativos condiciona directamente la reanudación de las negociaciones suspendidas hace una semana por el presidente del país, Juan Manuel Santos, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde del país, con unos 8.000 combatientes.
Confiado en una solución rápida desde el comienzo de la crisis, el jefe de Estado aseguró haber "dado instrucciones" para obtener la liberación de los cautivos en el transcurso de esta semana.
Dos soldados secuestrados el 9 de noviembre en el departamento de Arauca (este), cerca de la frontera con Venezuela, serán los primeros en recuperar la libertad, probablemente el martes.
El Gobierno "ya ha suspendido las operaciones de la fuerza pública en dicha área", anunció el domingo a última hora el ministerio de Defensa, un procedimiento habitual que permite a los guerrilleros liberar a los prisioneros de forma segura.
Desde La Habana, donde tienen lugar desde hace dos años las conversaciones de paz, la delegación de las FARC había dicho antes que los soldados podrán "abrazar la libertad el próximo martes" si el "protocolo se observa rigurosamente", en referencia al cese de las operaciones militares.
Las autoridades aguardan la liberación de los soldados César Rivera y Jhonatan Díaz, así como del brigadier general Rubén Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, retenidos el domingo 16 en el departamento de Chocó (oeste), en la costa del Pacífico.
La captura de Alzate, un experimentado militar y el oficial de más alto rango en manos de las FARC en 50 años de conflicto armado, fue la gota que derramó el vaso para Santos, provocando la suspensión de las negociaciones.
- "En el buen camino" -
Las FARC volvieron sin embargo el fin de semana a reprochar al Gobierno por "poner en peligro" la entrega de los cautivos al mantener las actividades militares en Chocó, una selvática región con muchos cursos de agua y casi ninguna carretera, de acceso particularmente difícil. Su delegación en Cuba denunció "desembarcos de tropas", "bombardeos" y "sobrevuelos de aeronaves de inteligencia". "Mientras esta situación no sea modificada sería improbable tener de regreso a la libertad en la próxima semana al general Alzáte y a sus acompañantes", advirtió.
"En Chocó, en este momento no se desarrolla ninguna operación de rescate. Únicamente se realiza control militar de área para la protección de los ciudadanos", indicó el domingo el ministerio de Defensa, tras precisar que sólo habían recibido las coordenadas del lugar para liberar a los dos soldados.
Según el protocolo habitual, los secuestrados deben ser entregados por las FARC a misiones humanitarias del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyos equipos están listos desde hace varios días.
"La operación para todas esas liberaciones está a priori en el buen camino. Pero es obvio que cualquier retraso trae un riesgo con la posibilidad de acciones adicionales", comentó a AFP Ariel Ávila, experto del centro de estudios Nuevo Arco Iris, especializado en el conflicto colombiano.
En Chocó, la situación se ve aún más compleja porque la segunda guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unos 2.500 rebeldes, decretó un "paro armado". Esta demostración de fuerza, habitual del ELN en esta remota región, la más pobre de Colombia, se produce en un momento delicado que podría alterar la liberación del general.
La prohibición, que atañe a "las empresas transportadoras por aire, tierra y mar", y "a la demás población", estará vigente el martes y miércoles, indicó la Defensoría del Pueblo, el organismo encargado de velar por los derechos humanos.
Fundadas en los años '60, las FARC y el ELN son las últimas guerrillas de extrema izquierda activas en Colombia, donde el conflicto interno ha dejado unos 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados, según cifras oficiales que también incluyen el accionar de paramilitares de extrema derecha, agentes del Estado y bandas narcotraficantes.