Lo que sabemos y lo que no sabemos de los 43 estudiantes desaparecidos en México

El último año, las autoridades mexicanas declararon que la "verdad histórica" sobre la desaparición de 43 estudiantes era que habían sido asesinados por un cártel del narcotráfico que luego incineró sus cuerpos en un basurero público.

Pero investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) echaron por tierra las conclusiones del gobierno sobre el caso, reviviendo el misterio sobre lo que pudo haber ocurrido a los jóvenes.

Aquí, lo que sabemos y lo que no sabemos del caso, casi un año después de que los estudiantes de magisterio se evaporaran la noche del 26 al 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, en el sur del estado de Guerrero.

Lo que sabemos

Los jóvenes se dirigieron hacia Iguala en autobuses que habían secuestrado, en una práctica ilegal común de estos estudiantes, conocidos por su ideológica radical de izquierda, que suelen utilizar estos vehículos para sus actividades.

Los estudiantes -- la mayoría de reciente ingreso -- habían ido a Iguala a recaudar fondos y a retener más autobuses para una protesta que se realizarían en octubre.

La versión oficial y la investigación independiente coinciden en que los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y del vecino municipio de Cocula.

Tres estudiantes fueron asesinados cuando los policías dispararon contra sus autobuses mientras que otras tres personas murieron cuando también fue atacado el vehículo en el que viajaba un equipo de fútbol.

Esa noche, los policías se llevaron a los estudiantes y el paradero de 42 de ellos sigue siendo un misterio. Solo en el caso de uno fue confirmada la muerte.

Lo que desconocemos

¿Los estudiantes están vivos?

El equipo investigador de la CIDH dijo que lamentaba no saber qué pasó con los 43 jóvenes.

El fiscal federal declaró el año pasado que los policías municipales entregaron a los estudiantes al cártel narcotraficante Guerreros Unidos, el cual los mató y los incineró en el remoto basurero de Cocula para después arrojar sus cenizas a un río.

Pero la comisión rechazó esta conclusión.

Un experto en manejo de fuego dijo que para quemar los 43 cuerpos, sus agresores habrían necesitado cerca de 60 toneladas de madera y neumáticos, pero que no hay evidencia de que haya habido un fuego masivo en el basurero de Cocula.

El lunes, la oficina de la fiscalía defendió la investigación oficial, insistiendo en que un buen número de los 43 estudiantes fueron incinerados en ese lugar.

Los restos del único estudiante que ha sido identificado, Alexander Mora, fueron hallados en el fondo de un río. Pero la comisión dice que los huesos fueron encontrados en un lugar que está a horas de auto del basurero.

El reporte de la comisión lanza dudas sobre los motivos y los responsables de la desaparición.

Las autoridades judiciales han dicho que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque porque temía que los estudiantes causaran disturbios durante un discurso de su esposa, quien tenía ambiciones políticas.

Una vez en manos del cártel de Guerreros Unidos, los estudiantes fueron confundidos con Los Rojos, una organización criminal rival, según la investigación oficial.

Pero los expertos independientes dicen que los estudiantes llegaron a Iguala después de que terminara el discurso de la esposa de Abarca, y que esa no fue la razón por la que los jóvenes, que estaban desarmados, fueron confundidos por miembros del cartel.

La comisión ofreció su propia teoría: los estudiantes pudieron haber secuestrado un autobús sin saber que era usado por criminales para transportar heroína a Estados Unidos.

La existencia de un quinto autobús que fue retenido por los estudiantes nunca fue incluida en la investigación oficial, dijo la comisión, añadiendo que este puede ser un elemento clave del caso.

Otra interrogante que esta abierta es cuál fue exactamente el papel que jugaron los militares y la policía federal aquella fatídica noche.

La comisión pidió al gobierno investigar si los uniformados fallaron en su obligación de proteger a los estudiantes, pues las fuerzas del orden estuvieron monitoreando aquella noche del 26 al 27 de septiembre los movimientos de los jóvenes y supieron cuando fueron atacados.