Justicia dominicana valida el pacto con Odebrecht, que identificará a los sobornados

Un juez dominicano validó hoy el acuerdo entre la Procuraduría General y la constructora Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo entregó en sobornos, y revelar en 30 días los nombres de los beneficiados, pero sus empleados no serán enjuiciados en ese país caribeño.

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Quevedo, acogió "en todas sus partes" el pacto suscrito entre el ministerio público y la multinacional que deberá entregar, además, a las autoridades "toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices".

Tras conocerse el fallo, el procurador general del país, Jean Alain Rodríguez, expresó su "satisfacción" y aseguró que en 30 días Odebrecht revelará los nombres de las personas que recibieron los sobornos que la empresa aseguró haber entregado en el país entre 2001 y 2014 para hacerse con contratos de obras públicas.

"Esta homologación acelera y agiliza la investigación y nos acerca a los sobornados", aseguró el funcionario en declaraciones a los periodistas en la sede de la Procuraduría.

El acuerdo estipula que serán sometidos a la justicia "las sociedades o personas que no formen parte del grupo Odebrecht, sus representantes comerciales, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios, consultores, empresarios y consorciados".

También "funcionarios o exservidores del Estado, que hayan recibido o participado en el pago de sobornos", de acuerdo con un comunicado de la PGR.

No obstante, señaló que "la multinacional brasileña ya fue sancionada por tribunales en Estados Unidos" y que sus ejecutivos "fueron procesados y condenados por la justicia de Brasil", y que el principio internacional de única persecución judicial, impide que por los mismos hechos puedan condenados por la justicia en República Dominicana.

"Esta sentencia marca un hito en materia de corrupción. Es la primera vez que se logra una homologación con una sanción (económica) a través de la ley de sobornos en la República Dominicana", aseguró el jefe del Ministerio Público.

A pesar de que el acuerdo contemplaba que Odebrecht revelaría los nombres de los sobornados en 60 días, la empresa, según Rodríguez, "se comprometió a entregarlos en menos de 30 días, es decir, que el 19 de mayo tendremos los nombres de los sobornados para poder proceder como manda la ley. Caiga quien caiga sin excepciones de colores, de partidos o de gobiernos".

La retención o el retraso de parte de la constructora brasileña en la entrega de la información sobre los hechos delictivos cometidos en el país ocasionaría que el Ministerio Público reinicie automáticamente las medidas cautelares en contra de esta, según el comunicado.

El acuerdo no limita investigaciones sobre otro tipo de infracciones, según Rodríguez, quien reveló que si se detecta que Odebrecht pagó más de los 92 millones de dólares admitidos como soborno, "adicionalmente deberá pagar el duplo del excedente".

El pasado 1 de marzo, un juez había declarado inadmisible este acuerdo, debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos "entre querellantes y querellados", lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el pacto fue devuelto a las partes.

La PGR anunció el pasado lunes que reintrodujo el acuerdo, en esta ocasión bajo la figura de criterio de oportunidad que, según señaló, "viabiliza la ejecución del acuerdo con la multinacional, en el que la misma reconoce formalmente haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos".

Antes de que el juez fallara hoy a favor del acuerdo, el movimiento social dominicano Marcha Verde advirtió de que esta acción favorecería la impunidad en la nación.

Marcha Verde, que ha organizado este año dos multitudinarias manifestaciones contra la corrupción y la impunidad después de que se dieran a conocer las primeras informaciones del caso Odebrecht, expresó que ningún acuerdo puede ser aprobado "sobre la base de eximir de responsabilidad penal a los implicados".

"Tampoco se debe aceptar un acuerdo que establezca de manera definitiva los montos a pagar por Odebrecht hasta tanto no se conozca el alcance de los daños sufridos por el país", señaló el movimiento en un comunicado leído en rueda de prensa.