Protestas por la expulsión de 11 mil refugiados de sus alojamientos en Grecia
Un grupo de refugiados se manifestaron este viernes ante la sede de Acnur en Atenas contra la decisión del Gobierno conservador griego de expulsar a partir del 1 de junio a más de 11,000 personas que han recibido asilo de sus viviendas en centros de acogida, pisos y hoteles para demandantes de asilo.
"La expulsión no puede ser considerada como punto de partida para la integración social", denunciaron en un comunicado una decena de organizaciones humanitarias como Human Rights360, el Consejo Griego para los Refugiados y la Unión Griega para los Derechos Humanos.
"Es inadmisible que el Estado, las instituciones y los ciudadanos acepten que gente reconocida como refugiados se quede sin techo", añadieron las ONG.
Según varios testimonios de refugiados recogidos por las ONG firmantes, hace 15 días recibieron una advertencia telefónica de que el 1 de junio deberían marcharse, pero sus esfuerzos por alquilar una vivienda han sido infructuosos pues los propietarios no están dispuesto a alquilar a refugiados.
Recibirán una prórroga de dos meses aquellos con problemas de salud graves a los que la expulsión podría poner en peligro su vida y las mujeres con un embarazo avanzado o que han dado a luz recientemente. Los menores no acompañados verán el alojamiento extendido tres meses para evitar que la expulsión interrumpa su escolarización.
Según afirmó a Efe una fuente del ministerio griego de Migración, el proceso de la expulsión concluirá en un plazo de entre 30 y 45 días, dependiendo de las decisiones que tomen los nuevos directores de los centros de acogida, nombrados esta semana por el Gobierno.
Además, a partir del lunes las personas reconocidas como refugiadas dejarán de recibir las ayudas sociales previstas para los solicitantes de protección internacional.
El ministerio de Migración aseguró en un comunicado que están coordinados con los servicios sociales para que los refugiados expulsados puedan acceder rápidamente a todas las ayudas sociales y a los programas de formación profesional disponibles.
"Nos preocupa que refugiados reconocidos queden sin asistencia mientras no pueden tener acceso efectivo al mercado de trabajo o a los programas de solidaridad social, que en cualquier caso están previstos en la ley griega", declaró a Efe Stela Nanu, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Atenas.
Durante la última reforma de la Ley de Asilo a principios de mayo, el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis redujo el plazo para que los refugiados abandonen sus alojamientos de seis a un sólo mes.
Además, el pasado otoño el Gobierno eliminó el acceso inmediato de los refugiados al mercado de trabajo. Ahora pueden hacerlo seis meses después de haber obtenido protección internacional.
Estas expulsiones estaban previstas para comienzos de abril, pero se pospusieron debido a la pandemia de coronavirus.