La ONU denuncia la tortura y detención ilegal de miles de libios
La ONU denunció hoy que los grupos armados en Libia, incluidos aquellos afiliados al Estado, mantienen a "miles" de personas en detención arbitraria e ilegal y las someten a tortura y otras violaciones y abusos de derechos humanos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos explica en un informe que, desde que se reanudaron las hostilidades en 2014, grupos armados de "todas las partes" han detenido a presuntos opositores, críticos y activistas, médicos, periodistas y políticos.
El organismo calcula que, hasta octubre de 2017, había unas 6.500 personas en 26 prisiones bajo el control pleno o parcial de la Policía Judicial del Ministerio de Justicia de Libia.
Se desconoce el número en las cárceles controladas por el Ministerio de Interior y Defensa, ni tampoco hay datos sobre las que están bajo control de los grupos armados.
"Estas instalaciones son tristemente conocidas por la tortura endémica y otras violaciones y abusos a los derechos humanos", señala el informe.
La ONU cita como ejemplo el centro de detención en la base aérea de Mitiga, en Trípoli, que cuenta con unos 2.600 hombres, mujeres y niños detenidos, la mayoría sin acceso a la Justicia.
A lo largo de 2017 al menos 37 cuerpos con signos de tortura fueron llevados a hospitales en Trípoli.
En la prisión de Kuweifiya, en Bengasi, la mayor en el este de Libia, se cree que se encuentran detenidas unas 1.800 personas.
También ha habido "alegaciones continuadas sobre muertes durante la detención", recalca el organismo.
De acuerdo con la ONU, los cuerpos de "cientos de individuos secuestrados y retenidos por grupos armados han sido descubiertos en calles, hospitales y contenedores de basura, muchos con las extremidades atadas y marcas de tortura y heridas de bala".
La ONU explica además que los grupos armados niegan de manera sistemática a las personas cualquier contacto con el exterior cuando son detenidos.
El secuestro de presos a cambio de un rescate es también algo común en Libia, según la oficina de Zeid, y los detenidos ilegal o arbitrariamente también incluyen a personas retenidas en relación al conflicto armado de 2011, muchas de ellas sin haber sido acusados, juzgados o sentenciados durante más de seis años, recalca la ONU.
Libia es un Estado víctima del caos y de la guerra civil desde que en 2011 la comunidad internacional contribuyera a la victoria de los rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.
En la actualidad, dos gobiernos se disputan el poder apoyados por distintas milicias: uno sostenido por la ONU en Trípoli y otro en el este bajo la ascendencia militar del mariscal Jalifa Hafter.
Cientos de milicias bien armadas ejercen el poder a nivel local en todo el país.
"En lugar de conseguir el control sobre los grupos armados e integrar a sus miembros en el mando estatal y las estructuras de control, los sucesivos gobiernos libios han dependido cada vez más de ellos para hacer que se cumpla la ley", señal ala ONU.
Ello incluye el pago salarios y el suministro de equipamientos u uniformes, sostiene el informe.
Como consecuencia, su poder ha crecido sin control alguno y han permanecido libres de una supervisión gubernamental eficiente.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, señaló en un comunicado que "estas violaciones y estos abusos tienen que parar y los responsables deben ser juzgados", añadió.
El informe de la ONU fue publicado en colaboración con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL).