ONU denuncia 'detenciones arbitrarias' para 'silenciar la criticas' en Nicaragua

Managua, Nicaragua/La oficina para los Derechos Humanos de la ONU expuso este jueves sus “crecientes preocupaciones” por las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua para “silenciar” a la disidencia, pues solo en mayo se han registrado al menos 63 detenciones “arbitrarias”, con acciones contra dirigentes y entidades vinculadas a la iglesia católica; de estas detenciones, 55 fueron acusadas de "conspiración para socavar la integridad nacional" y "difusión de noticias falsas".

En una conferencia de prensa, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU, Martha Hurtado, alertó que “al parecer, el gobierno usa estos cargos para silenciar a sus críticos” y reclamó el cese de esta represión de manera inmediata y la excarcelación de todos los presos políticos, así como la reapertura de todos los medios y organizaciones cerrados desde las protestas de 2018, y es que más de 3 200 organizaciones han sido ilegalizadas desde mediados del año pasado, algunas de ellas incluso acusadas de lavado de dinero.

Las Naciones Unidas recuerda que cualquier solución tiene que pasar por un diálogo, la rendición de cuentas y “reformas institucionales” que permitan “restaurar el Estado de Derecho”, acciones a las que se ha negado desde un principio el régimen de Daniel Ortega. La ONU se ha ofrecido a ayudar pero resalta que para ello es necesario en primer lugar permitir el acceso de una delegación al país. Hurtado afirmó que “sería un paso importante”.

La oficina de los derechos humanos toma como ejemplo de esta acusación, la situación ocurrida el 3 de mayo, cuando en una sola noche se ordenó el arresto de 55 personas de la oposición, a quienes imputaron por conspirar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas, cargos que “supuestamente se están utilizando para silenciar las críticas”. Ninguna de estas personas pudo elegir a su abogado.

El régimen impuesto por Ortega, ha dejado a su paso ataques directos y opresión contra líderes de la iglesia católica de Nicaragua, llegando a detener sacerdotes e incluso un obispo. Siguiendo esta línea, también en mayo la Corte Suprema de Justicia de este país, confirmó la inhabilitación de abogados y notarios, algunos de ellos defensores acérrimos de los derechos humanos, en casi todos los casos ya habían sido despojados de su nacionalidad junto a otras 292 personas.

Uno de los últimos golpes del régimen, se ha producida esta semana, cuando 3 monjas fueron expulsadas del país centroamericano y otras tantas quedaron recluidas dentro de su convento. Uno de los casos más simbólicos es el del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que cumple una condena de 26 años de cárcel y permanece recluido sin recibir visitas y sin las adecuadas medidas de higiene o saneamiento, según la ONU. “No tiene luz natural y no se le permite salir al exterior, condiciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos”, denunció Hurtado.

Datos tomados de Infobae