ONU afirma que Venezuela restringe libertades a medida que se acercan elecciones

Turk indicó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que su oficina había documentado el año pasado "un aumento de amenazas, acoso y agresiones contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces consideradas críticas". 

"Lamento que las restricciones al espacio cívico estén aumentando", afirmó, en comentarios que posteriormente rechazó el canciller venezolano Yván Gil, quien puso en duda la cooperación técnica con la oficina del Alto Comisionado, expulsada en febrero tras expresar preocupación por la detención de Rocío San Miguel, experta en temas militares.

"Denunciamos nuevamente la instrumentalización del Consejo de DDHH", dijo Gil en X. "Muy difícil establecer alguna cooperación técnica (...) mientras persistan en su posición parcializada de protección al extremismo de derecha que pretende seguir cercenando los derechos de los venezolanos", indicó.

En su informe sobre la situación en Venezuela, Turk detalló que los arrestos y los procesamientos aumentaron, con 38 casos de detención arbitraria en el último año, de personas retenidas durante distintos períodos de tiempo y cuyo paradero se ocultaba a sus familiares y abogados. 

Todos estos casos de "desapariciones forzadas deben ser investigados y esta práctica debe terminar", afirmó. 

También expresó su preocupación por el proyecto de ley dirigido a las organizaciones no gubernamentales y su financiación, así como por una nueva ley "antifascista" que, según advierten los críticos, se utilizará para acentuar el acoso de la disidencia. 

Varios países expresaron preocupación por la situación en Venezuela y el representante de la Unión Europea ante el Consejo condenó en particular la decisión de Caracas de "retirar su invitación a una misión de observación electoral de la UE".

El embajador de Venezuela, Alexander Yáñez, replicó que el informe del Alto Comisionado estaba "basado en información con motivaciones políticas" y que minimizaba los perjuicios provocados por las "criminales sanciones" estadounidenses.

Maduro busca obtener un tercer mandato de seis años en unas elecciones en que la mayoría de las encuestas dan ventaja a la oposición liderada por María Corina Machado, inhabilitada para las presidenciales, pero representada por el desconocido embajador Edmundo González Urrutia.

La permanencia de González Urrutia en la boleta está amenazada además por una demanda en la Corte Suprema contra el partido que lo apoya.