ONG salvadoreña registra más de 3.600 personas afectadas por régimen para combatir a maras

El Salvador/La organización humanitaria no gubernamental Cristosal registra más 3.600 personas "vulneradas en sus derechos" durante la medida de régimen de excepción, vigente desde marzo 2022, que es implementado para combatir a las pandillas y que suspende varias garantías constitucionales, según informó la entidad este viernes.

Cristosal señaló en un boletín, compartido a la prensa, que entre el 27 de marzo del año pasado al 15 de diciembre del presente ha recibido 3.526 denuncias con 3.669 personas afectadas en sus derechos, de las que el 57,6 % son jóvenes entre los 18 y 30 años.

Los datos proporcionados señalan que 58 casos son de personas de la población LGTBI, mientas que el 85,1 % del total de afectados son hombres y el 96,8 % de las denuncias son por "detenciones arbitrarias".

La organización también reveló que ha recibido 373 denuncias de "tratos crueles, inhumanos y degradantes" y otras 159 denuncias de violaciones de derechos a niños y adolescentes.

Añade que ha atendido a 946 personas en condición de desplazamiento interno forzado por violencia durante el período del régimen de excepción.

Del total de hechos de violencia, el 34,9 % fueron cometidos por miembros de pandillas y el 45,3 % por agentes de la Policía Nacional Civil o militares, agrega.

El presidente Nayib Bukele ha asegurado en reiteradas ocasiones que bajo la medida de excepción se está ganando "la guerra" contra las estructuras criminales.

De acuerdo con los datos oficiales, en el contexto del régimen de excepción, implementado por el Gobierno como su principal medida de seguridad para combatir a las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales, suman más de 74.000 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.

A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de "sus peores crisis" de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.

El régimen fue aprobado a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

Una investigación del medio local El Faro sostiene que esta alza se debió a la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y las maras.

El Salvador cerrará el año 2023 bajo dicho régimen de excepción, después de que el oficialismo aprobó el pasado 5 de diciembre en la Asamblea Legislativa la vigésimo primera ampliación por 30 días de la medida